El Juzgado de Garantía de Arica rechazó este martes la petición de inhibición de la causa que investiga la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre, pero determinó que la Corte Suprema será la encargada de determinar si el caso será indagado en la justicia militar o civil.
Con el dictamen del tribunal, será el máximo tribunal el encargado de dirimir el futuro del caso.
La audiencia fijada para esta jornada tenía como objetivo discutir la competencia inhibitoria solicitada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book, en el caso del soldado fallecido.
Esto, luego de que la representante del Poder Judicial dictara una resolución que impedía al Juzgado de Garantía de Arica seguir con la causa y eventualmente pronunciarse mediante alguna sentencia, apelando a que el caso debía ser revisado por la justicia militar.
"Que de conformidad con lo razonado y, visto además, lo dispuesto en los artículos 5, 6 y demás pertinentes del Código de Justicia Militar, artículo 47 del Código de Procedimiento Penal, artículo 190 y siguiente del Código Orgánico de Tribunales, solicítese al señor juez del Juzgado de Garantía de Arica, se inhabilite de seguir conociendo de la causa y remita los antecedentes a este tribunal, a objeto de acumularlos al presente proceso", sostuvo la resolución de la jueza.
Sin embargo, dicha competencia inhibitoria se contrapuso con las querellas por apremios ilegítimos presentadas Romy Vargas -madre del conscripto Franco Vargas- y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las cuales fueron acogidas por la Fiscalía de Arica.
"Tenemos la convicción que aquí hubo una violación a los derechos humanos y creemos que eso debe ser visto por la justicia ordinaria como son vistas todas las causas de los ciudadanos y ciudadanas del país", argumentó la directora del INDH, Consuelo Contreras.
Si bien el Juzgado de Garantía de Arica definió que la muerte del joven soldado sea revisada por la justicia ordinaria, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema.