El anuncio del director de Azul Azul, Carlos Heller, sobre el acuerdo alcanzado con la Universidad de Chile para la construcción del ansiado estadio del club deportivo volvió la mirada a los terrenos que la casa de estudio recibió del Estado con la idea de crear una ciudad universitaria y tecnológica.
A 20 años del traspaso del inmueble, una investigación de Ciper reveló una serie de irregularidades que consideran un total de 4.017 millones de pesos que la Fundación Valle Lo Aguirre recibió de la universidad y otras fuentes de financiamiento y de los cuales no se sabe su destino.
Según la publicación, esta situación fue alertada en 2010 por la Contraloría, que recomendó un sumario interno en la casa de estudio, que nunca se hizo, y en 2012 comenzó otra auditoría para revisar las transferencias de dinero realizadas en ese año desde la universidad a la fundación.
Ciper recuerda que en febrero de 1994 el decreto N° 350 determinó que 1011 hectáreas en Pudahuel fueron transferidas a la Universidad de Chile para la construcción de una Ciudad Universitaria y un Parque Tecnológico en un plazo no superior a cinco años, si no retornarían al Estado.
Rector de entonces, Jaime Lavados (DC), creó en 1995 la Fundación Valle Lo Aguirre y designó como vicepresidente de esta a Patricio Rojas, ex ministro de Defensa (también DC) que había estado tras el traspaso del inmueble.
Entre las primeras actividades realizó viajes a ciudades universitarias de otros países apoyado con un presupuesto formado por aportes de la Universidad de Chile, contratos firmados con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y fondos internacionales gestionados por el Estado. Luego se realizaron proyectos paralelos ideados por Rojas para arriendos de parte del terreno a diversas empresas.
El dinero estaba destinado al pago de arriendo, viáticos y sueldos (el de Rojas ascendía a 20 millones).
En 1998 Jaime Lavados inició una ofensiva para conseguir el dominio pleno del terreno frente a la ministra de Bienes Nacionales de entonces, Adriana Delpiano, asegurando que en los cinco años se había cumplido a cabalidad con el decreto, pese a que sólo existían estudios preliminares de preinversión, un cronograma y ninguna de las facultades de la Universidad de Chile se había trasladado a ese terreno.
El ministerio formalizó el traspaso total del terreno con el Decreto Supremo N° 235 y quedó inscrito a nombre de la universidad en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces.
Pese a los recursos ya investido, en 2002 la fundación gestionó un préstamo de 20 millones de dólares para hacer factible el proyecto, debido a que los estudios hechos hace seis años habían quedado obsoletos.
Con el apoyo del rector Luis Riveros, la fundación recibió aportes de la casa de estudios, del pago de arriendos de terrenos y de la expropiación de 30 metros cuadrados por parte del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del enlace Pudahuel de la Ruta 68, a lo que en 2004 se sumó el préstamo acordado con el Banco de Chile.
Dos años después se contrató el primer trabajo con la constructora ICAFAL para la ejecución de obras de urbanización del parque, obras que fueron entregadas en 2008.
Patricio Rojas no fue cuestionado por su gestión hasta que pruebas lo vincularon a la autopsia secreta que se le realizó al ex presidente Eduardo Frei Montalva, por lo que fue interrogado y se transformó en sospechoso, perdiendo el apoyo de su partido y la vicepresidencia de la fundación en agosto de 2009.
El 28 de diciembre de 2010 la Contraloría presentó los resultados de una auditoría a la Universidad de Chile, que incluyó también a la Fundación Valle Lo Aguirre.
Desórdenes contables y administrativos quedaron revelados, además de falta de evidencia que permitiera establecer si servicios contratados fueron realizados u otros que simplemente no fueron rendidos, según la investigación.
Además, las obras de la primera etapa del Parque Científico y Tecnológico a cargo de ICAFAL fueron recepcionadas y pagadas, pese a que la infraestructura sanitaria tenía fallas como deficiencias en el sistema de agua potable y alumbrado.
Hasta ahora no se han individualizado responsabilidades, pues no se realizó el sumario interno ordenado por la Contraloría, mientras el organismo realizará desde junio un proceso para velar que se cumplan las normas y el próximo rector electo defina si se arrendarán 40 hectáreas a Azul Azul para la construcción del estadio del club deportivo Universidad de Chile.