En El Salvador ha entrado esta semana a la Asamblea Nacional una propuesta para penalizar con hasta 50 años de cárcel a una mujer que aborte. En Honduras, la reforma integral del código penal, amenaza con dejar sin revisar la ley que desde 1983 prohíbe absolutamente el aborto y lo penaliza con hasta ocho años de cárcel.
Organizaciones de América y Europa ven con suma preocupación estas regulaciones, que violan manifiestamente convenios internacionales.
Suicidios con veneno para ratas
“El reciente informe de la ONU para Honduras detecta que más del 30% de los embarazos y los partos en Honduras son adolescentes. Hay uno cada 20 minutos. Sólo en 2015, 1545 niñas menores de 14 años fueron madres”, explica a DW Morena Herrera, portavoz de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
Los datos preocupantes siguen. “La primera causa de muerte materna es el suicidio. Hasta hace unos años no aparecían en las estadísticas como suicidio sino como envenenamiento. Pero las investigaciones detectaron que, a propósito, las muchachas toman veneno para ratas o una sustancia que sirve para tratar el frijol en el campo. En un país con niveles de violencia sexual escandalosos, muchas jovencitas ven el suicidio como única alternativa”, sigue Herrera. Esta activista hondureña colabora con Cooperacció de Barcelona y Amnistía Internacional en el indulto de prisioneras condenadas, según una ley de 1997, a decenios de cárcel por interrupción de embarazo.
“Una barbaridad”
“Por otro lado”, continúa Herrera, “hay que decir que hace 16 años la presión de la Iglesia Católica consiguió que el ministerio de Salud y el de Educación retiraran los manuales de educación sexual para adolescentes. Así de grave es la situación; la aprobación de esta barbaridad la haría aún más dramática”. Para la aprobación de la ley, propuesta por el partido opositor ARENA que tiene 35 escaños en la Asamblea, se necesitan 43 votos.
“Esta reforma al código penal es como mínimo criminal y aberrante”, dice por su parte a DW Erika González, portavoz de Grupo Sur, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil europea y latinoamericana, que, desde Bruselas, aboga por que la UE presione por su no aprobación, en el marco del trabajo conjunto en el tema género acordado entre la UE y los países de la CELAC.
Ya en enero de 2016, la Comisión Europea había dejado expresa su preocupación por la prohibición total del aborto “problemática para las mujeres embarazadas cuya vida corre peligro y en caso de violación”.
“Modelo de control patriarcal”
“Donde hay muy poca presencia del Estado y donde es evidente su incapacidad de asegurar el bienestar de la población, recrudece el modelo de control patriarcal que se ceba en los derechos sexuales y reproductivos”, dice desde Honduras a DW Neesa Medina, especialista del Centro de Derechos de Mujeres. En su país, el aborto está totalmente prohibido y penado desde 1983; es más, desde el 2009, todo contraceptivo oral, también.
“Esto hace que la situación sea especialmente grave en un país con una alta tasa de violencia sexual y una impunidad del 96%”, concluye Medina. Su organización forma parte de la alianza Somos muchas. “Más de 23 organizaciones nos hemos unido para intentar que en el nuevo código penal –que se debatirá los próximos dos meses- se despenalice el aborto en tres causales: cuando peligra la salud y la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o incesto y cuando el feto tiene probabilidades nulas de vida por malformación congénita”.
“Equivalente a tortura”
Cabe resaltar que desde el 2010, desde la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), órgano de la OEA, se viene insistiendo en que los Estados deben permitir el aborto en esas tres causales. “La prohibición absoluta es equivalente a tortura”, opina Luz Mejía, especialista del CIM.
En un momento en que se reestructura en Honduras tanto los tipos penales como la reducción de las penas, “para nosotras sería incongruente que se esté planteando un código penal moderno que se acople a a las nuevas tendencias pero el único artículo que se mantenga exactamente igual sea el del aborto”, concluye Medina, quien espera que “el debate supere los actuales manejos de las cúspides eclesiales y se mantenga en el rango de los derechos humanos y de las libertades”.