Este viernes comienza la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, y su país anfitrión, España, ve en esta cita una real oportunidad para ampliar sus horizontes de negocio y poner fin al deterioro de su economía.
Así, la habitual cumbre política se transformará esta vez en un foro económico donde el Gobierno de Mariano Rajoy se juega mucho, a diferencia de sus contrapartes americanos, que en general atraviesan por un prometedor periodo de expansión económica. El otro representante ibérico, Portugal, también atraviesa por una profunda recesión y se esforzará también en mejorar sus perspectivas.
Y es que las diferencias económicas entre los vecinos europeos y las naciones latinoamericanas están a la vista.
Mientras la cesantía en los países de la Península Ibérica supera el 20%, en América, los países de habla hispana prevén un crecimiento anual que promedia el 4%. Las naciones de este lado del mundo han reducido la pobreza en casi un 40% en los últimos diez años, mientras que solo en España, esta crisis ha aumentado la escasez entre sus ciudadanos.
Además, el Banco Mundial, mediante un reciente informe, señala que la clase media en Latinoamérica bordea el 50% y que cada año aumenta entre un 1% y 2%.
Con estas cifras, a España y Portugal no les queda otra que centrar todas sus fuerzas en tratar de reconquistar la confianza económica de toda América, más aún considerando que de este lado del atlántico, hay un potencial mercado de 550 millones de personas.
Si bien, la actualidad de ambas regiones es notablemente opuesta, España aún sigue siendo el principal inversor europeo de Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos.
El interés por parte del Gobierno español está en promover las pequeñas y medianas empresas (Pymes), con más dificultades para hacer frente a la crisis interna y aventurarse más allá de sus fronteras.
Esta cumbre estará enfocada en esto, en las nuevas oportunidades, no en la reafirmación de los gigantes españoles en América Latina como Movistar, Santander, Endesa, BBVA o Repsol, cuyas declaraciones han sido mas austeras que auspiciosas, ya que se han comprometido a reafirmar sus lazos con esta región solamente manteniendo su capital, pero no aumentándolo.
En general, salvo algunas polémicas puntuales, las compañías nombradas anteriormente siempre han tenido buenas relaciones con las naciones donde han puesto sus inversiones. Sólo el caso de Repsol con Argentina y Bolivia escapa de esta "calma" entre las empresas y los gobiernos, sobre todo después de la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández de YPF, filial de la compañía hispana.