Justo cuando se conoció que la Corte Suprema ratificaba la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres empresas avícola involucradas en el "caso pollos", estallaba un nuevo escándalo de colusión en bienes de primera necesidad. Esta vez, el protagonista es el papel higiénico.

Pero pollos y papel tissue no han sido los únicos envueltos en un delito de colusión. Hay que sumar el fraude en el precio de los medicamentos, el que se hizo público en junio de este año.

El llamado "caso farmacias" se saldó con la absolución de los 10 imputados, pertenecientes a Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada; acusados por la Fiscalía de coordinarse para aumentar el precio de los medicamentos durante 2007 y 2008.

Según el Tribunal, de las pruebas halladas sobre el acuerdo en el precio, no se puede inferir que esto se hiciera de manera fraudulenta. Y, en Chile, si la colusión no es fraudulenta, no hay delito y, por tanto, tampoco penas.

En el "caso pollos", sin embargo, el TDLC condenó a las empresas Ariztía y Agrosuper a pagar 30.000 UTM; a Agrícola Don Pollo, a 12.000 UTM, y a la Asociación de Productores Avícolas de Chile la obligó a disolverse.

¿Qué pasará entonces con el nuevo caso de colusión? ¿Habrá castigo para CMPC y SCA, las dos empresas involucradas y que abarcan el 90% de la producción total?

Por lo pronto, se va a crear una comisión investigadora y se está tramitando con urgencia el proyecto por el que se endurecerían las sanciones. El conductor de 'Mirada Económica', Nicolás Vial, explica cómo van a cambiar los castigos y la posibilidad de tipificar la colusión como un delito penal.

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