Panamá puede seguir siendo un centro financiero competitivo, siempre y cuando tome medidas enérgicas contra los evasores de impuestos y otros criminales que han utilizado el país para el lavado de dinero, dijo el comité formado por el Gobierno tras el escándalo de los "Panama Papers".
El "Comité de Expertos Independientes" dijo que el país necesita ponerse en línea con los estándares de transparencia de Naciones Unidas, adoptar una legislación más severa contra la corrupción y reforzar la regulación de los fideicomisos.
"Ha llegado el momento. El país no puede seguir aplazando la toma de decisiones en este campo", según el informe de 23 páginas publicado el lunes.
Una filtración en abril de más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, conocida como los "Papeles de Panamá", provocó indignación al revelar cómo los ricos en muchos países emplean paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
Panamá ya está tomando medidas en varias de estas cuestiones, incluyendo el fortalecimiento de las regulaciones para los fideicomisos y la alineación con las normas internacionales, explicó Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía del país, a Reuters en una entrevista telefónica después de la publicación del informe.
El informe, que hizo hincapié en la necesidad que tiene Panamá de seguir siendo un imán para la banca y otras industrias de servicios, pide la "transparencia en la identificación del beneficiario final de instrumentos jurídicos y financieros".
Esta fue una recomendación hecha por el economista ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth.
Ambos renunciaron del panel en agosto, luego de aducir que el Gobierno de Panamá dio marcha atrás a su compromiso de hacer público el informe final que elaboraría el comité, sin importar su contenido.
El informe oficial fue presentado el viernes al presidente Juan Carlos Varela, antes de ser publicado el lunes.
Stiglitz y Pieth publicaron sus propias conclusiones la propia semana pasada, diciendo que los países que no renuncian a su condición de paraísos fiscales deben ser aislados del sistema financiero global.