La fiscalía general de México dijo el miércoles que renunció el funcionario que condujo las primeras investigaciones del sensible caso de 43 estudiantes desaparecidos, a quien expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron como sospechoso de manipular evidencias.
Un centenar de estudiantes de magisterio llegaron el 26 de septiembre de 2014 a Iguala, en el sureño estado de Guerrero, para llevarse autobuses a una protesta.
Allí fueron atacados por policías municipales, secuestrados y supuestamente entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en una enorme pira, según la primera versión del Gobierno, la cual ha sido duramente cuestionada por expertos.
El ahora ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, fue señalado por los expertos de haber ido con un detenido a un río donde se encontraron restos, sin dejar registro de sus actuaciones en el expediente del caso.
Estas diligencias condujeron a la identificación mediante un pequeño resto óseo de uno de los estudiantes desaparecidos, pero también levantaron dudas.
La fiscalía general dijo el miércoles en un comunicado que la procuradora general Arely Gómez aceptó la renuncia de Zerón, sin dar más detalles de sus motivos para separarse del cargo.
Los expertos de la CIDH, que estuvieron investigando en México el caso durante 14 meses, dijeron en abril que Zerón debía ser investigado y apartado del cargo para clarificar las pesquisas.