El Gobierno español aprobó este viernes restringir los casos en los que una mujer puede abortar y proteger la vida del nonato, situando a España entre los países menos permisivos de Europa, en un guiño a su electorado más conservador.
Cumpliendo una promesa electoral, el Ejecutivo dio luz verde a la tramitación de la tercera ley que regula la interrupción del embarazo en la historia de la democracia, que elimina la libre decisión en las primeras 14 semanas de gestación, a la que se acogen el 90 por ciento de las mujeres que abortan en España.
"Lo que no cabe dentro de este proyecto (...) es hacer depender el valor de la vida de los nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada, cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde modificó la ley aprobada en 2010 por el anterior gobierno socialista.
El anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada es similar a la primera normativa sobre el aborto, aprobada en 1985, aunque más restrictiva respecto a las malformaciones, que suponen 3.400 abortos al año.
El nuevo texto permite el aborto sólo en dos supuestos: en casos de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación.
Además, para abortar habrá que contar con un informe motivado de dos médicos de la especialidad que genere el grave peligro y que trabajen en un centro independiente de donde se practicará el aborto, excepto en casos de urgencia por peligro vital para la mujer.
Después de este plazo, las mujeres podrán abortar si existe una anomalía fetal "incompatible con la vida" o si no se hubiera realizado un diagnóstico certero con anterioridad. En los demás supuestos habrá que proceder a un parto inducido porque la ONU considera que la vida del concebido ya es susceptible de desarrollarse por sí misma.
En el caso de que una malformación fetal sea la causante del grave riesgo psíquico para la madre, el informe lo realizará un médico que acredite el peligro para la madre y otro especialista que evalúe al feto, por lo que Gallardón dice que se dan más "garantías" para las dos partes en conflicto.
La reforma se ha topado con el rechazo de gran parte del colectivo médico, la oposición política y las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, mientras que los grupos provida consideran que se queda corta.
"Es la peor de todas las posibilidades que hemos barajado. No sitúa junto a los países más restrictivos (de Europa), con Polonia e Irlanda", dijo Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).
"Crea comités clínicos para que decidan y sean capaces de valorar el sufrimiento de una mujer que se encuentra ante un embarazo y no hay ningún dato objetivo para cuantificar ese sufrimiento", agregó García, cuyas clínicas practican el 98% de los abortos en España.
La ley mantiene las mismas penas de cárcel actualmente en vigor para los profesionales que efectúen abortos ilegales -de uno a tres años o de cuatro a ocho de cárcel, según la gravedad- pero no incluye "reproche penal" para las mujeres, que serán informadas y asesoradas al saber que están embarazadas y al querer abortar.
A LA COLA EN EUROPA
Además, la reforma elimina la posibilidad muy criticada de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar en casos determinados sin consentimiento paterno, a la que se acogen unas 500 menores al año, según datos de Acai.
"El hecho de que un político, un legislador o un juez influya de alguna manera en una situación tan personal que además influye para el resto de mi vida, no me parece aceptable de ninguna de las maneras", dijo Lucía, una mujer que decidió abortar por una malformación, en un vídeo de Acai en el que aseguró que se marcharía a otro país si se viera en la misma situación y en España no pudiera terminar el embarazo.
La reforma convierte a España en uno de los países menos permisivos en cuanto a aborto en Europa y va en contra de la tendencia regional de conceder un mayor acceso, después de Irlanda legalizara el aborto bajo circunstancias limitadas este año.
La mayoría de los países europeos permiten abortar libremente en unos plazos determinados y un 88% contemplan la interrupción del embarazo si el feto presenta malformaciones o en casos de violación o incesto, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
El aborto es ilegal en todos los supuestos en Malta y Andorra y cuenta con grandes limitaciones en Polonia, países todos ellos que al igual que España o Irlanda son de tradición católica.
Sin embargo, desde grupos provida como HazteOir, que abogan por una eliminación total del aborto eugenésico y que se elimine el supuesto de riesgo psicológico para la salud de la madre, la reforma se queda corta.
"Estamos en contra de este nuevo maquillaje que va a hacer Gallardón de la ley del aborto (...) pensamos que lo que necesitamos es el aborto 0, porque no hay un asesinato a medias, o es un asesinato, un genocidio a medias, o lo dejas a la mitad. No nos parece razonable, queremos llegar al aborto 0 y poder salvar así la catarsis que está pasando en esta sociedad", dijo a las puertas del Palacio de La Moncloa Soledad Quintanal, voluntaria de Derecho a Vivir.
APELANDO AL ELECTORADO CONSERVADOR
El gobernante Partido Popular incluía en su programa electoral la reforma de esta ley con la pretende apelar al sector más conservador de su electorado, mientras pierde apoyo social por la aplicación de las políticas de ajuste para contener el déficit y reflotar un país donde un de cada cuatro trabajadores está en paro.
"Es lo mínimo que hace un partido de centroderecha para mantener sus señas de identidad, porque si no sería un partido tecnócrata sólo encargado de resolver la crisis económica", dijo Juan Carlos Rodríguez, analista del Centro de Investigación ASP, un instituto independiente de ciencias sociales.
En España se producen casi 120.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de 2011, en línea con la mayoría de países europeos, según la Federación Española de Planificación Familiar (FPFE), una ONG formada sobre todo por personal médico y sociólogos.
"Lo que se demanda ahora mismo no es un cambio legislativo sino más recursos para métodos anticonceptivos, la creación de programas para mujeres inmigrantes y dar más facilidades a grupos vulnerables que quieran continuar con el embarazo", dijo en un encuentro con periodistas extranjeros Luis Enrique Sánchez, presidente de FPFE.
La vicesecretaria general del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, anunció antes de conocer el texto que trabajaría para que no se aprobara la ley, e intentaría crear una mayoría diferente al apelar a la conciencia de las 76 parlamentarias del Partido Popular, para que no cumplan la disciplina de voto, incluso pidiendo una votación secreta en el Congreso.
Gran parte de los partidos de la oposición, encabezados por el PSOE, se han mostrado en contra de la reforma del aborto, e incluso podrían intentar llegar a un acuerdo para volver a reformar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria, un consenso ya logrado contra la reciente ley de Educación.
Fuente: Reuters