La Fiscalía General de Colombia anunció que investigará a los máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero del país, a quienes acusó de casi 16.000 crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado.
La determinación se produce en medio de un estancamiento de la negociación de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que busca acabar con un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos, debido a la negativa del grupo insurgente de suspender los ataques y los secuestros.
El fiscal general encargado, Jorge Perdomo, dijo que la investigación que denominó "macroimputación", incluirá a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Erlinton Chamorro, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.
El funcionario aseguró que la investigación incluye 15.896 "crímenes generados a través de la consolidación sistemática de patrones de macrocriminalidad de feminicidio o asesinatos de mujeres, reclutamiento forzado, secuestro, homicidio, violencia basada en género, desplazamiento forzado, utilización de medios y métodos ilícitos de guerra en todo el territorio nacional".
Los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad investigados se registraron entre 1981 y el 2014, precisó Perdomo.
El ELN, que nació en 1964 inspirado por la Revolución Cubana y que tuvo en sus filas a sacerdotes católicos radicales que se sumaron a la lucha para crear un sistema socialista, anunció junto al Gobierno a fines de marzo que iniciaría una negociación de paz en Ecuador, independiente de la que mantiene Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.
El Ejército de Liberación Nacional, que cuenta con menos de 2.000 combatientes, ya había tenido acercamientos de paz con el gobierno entre el 2002 y el 2007, pero no prosperaron.
El Gobierno condicionó recientemente el inicio de la negociación con el ELN a que libere a las personas que mantiene secuestradas, suspenda los raptos y detenga los ataques contra la infraestructura económica del país, demandas que el grupo rebelde se niega a cumplir.
Sin embargo, es poco probable que la investigación de la Fiscalía afecte el curso de una negociación de paz en la eventualidad de que comience, explicaron analistas y expertos consultados.