El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC llegaron a un consenso para otorgar rango constitucional y de derecho internacional humanitario a un eventual acuerdo de paz entre las partes, que pondría fin al conflicto interno más antiguo de América Latina.
Esas medidas buscan dar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final de paz que firmen las partes e impedirían que futuros gobiernos lo desconozcan o pretendan cambiarlo.
Se trata del más reciente acercamiento entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la negociación de paz que mantienen en La Habana para acabar una confrontación que ha dejado 220.000 muertos en más de medio siglo.
"Hemos llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional", dijeron en un comunicado conjunto.
"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos", explicaron las partes.
El Gobierno y las FARC acordaron que lo pactado será incorporado a la Constitución Política de Colombia a través de un acto legislativo que se tramita y deberá ser aprobado el Congreso y sometido a un control de legalidad por parte de una corte.
Así mismo, el tratado final será elevado a la categoría de Acuerdo Especial, una figura contemplada en el Derecho Internacional Humanitario para darle vía libre a las partes a terminar o humanizar la guerra y que tendrá el apoyo de las Naciones Unidas.