El Gobierno español ha anunciado en la mañana de este viernes que impugnará la consulta independentista catalana del próximo 9 de noviembre. En declaraciones a la prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha justificado la medida para "defender los derechos de los catalanes". "No van a violentar la ley", aseguró.
Después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el referendo planteado por el Gobierno de la Generalitat Catalana, el presidente de la comunidad, Artur Mas, volvió a presentar una nueva consulta simbólica el pasado 14 de octubre. Sin embargo, según un informe del Consejo de Estado, este nuevo intento independentista tiene los mismos vicios que la original "porque carece de garantías constitucionales".
"Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo vulnera derechos de los ciudadanos a los que gobierna y representa", ha declarado la vicepresidenta, quien señaló que "no hay ni censo, ni control de las mesas. ¿Tiene algún tipo de garantías el resultado de ese proceso electoral?".
El referendo planteado por el gobierno regional pregunta a los ciudadanos "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no", en caso afirmativo, "¿Quiere que este Estado sea independiente' Sí o no".