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Sin papeles no hay médico

A partir de septiembre las personas en situación irregular deberán pagar al año 710 euros y perderán acceso gratuito a la asistencia sanitaria.

Agustín Benaprés

Miércoles 8 de agosto de 2012

Preocupados están los cerca de 150 mil inmigrantes que disponen de una tarjeta sanitaria en España. Esto porque a partir de septiembre, perderán el derecho de asistencia de salud gratuita y para acceder al sistema deberán pagar 710 euros al año.

Pero la situación es realmente delicada ya que las personas al no tener papeles al día, no están autorizados para realizar actividades económicas. No pueden trabajar y se les va a exigir dicho pago -que según la publicación de El País-, en muchos casos supera el valor de un seguro privado.

El diario español recoge comentarios de algunas personas que están afectas a esta situación. Por ejemplo el testimonio de Yoasca Gómez, de 25 años. La nicaragüense dice, “en este momento, simplemente no puedo pagar por la Sanidad". Gómez sufre de una alergia al polvo y es tratada en la Fundación Jiménez Díaz, además mantiene la casa que comparte junto a dos mujeres. La situación no es de las mejores, pero una vez que no pueda usar su tarjeta, la incertidumbre se apodera de ella. “¿Y si me enfermo de algo más grave? Creo que no podría hacerme ningún tratamiento”, sostiene.

“Hasta los animales tienen más derechos que nosotros”, dice Socorro Flores, también de Nicaragua. La mujer de 35 años está sin empleo y tiene anemia ferropénica. "Como no puedo pagar, me quedaré sin tratamiento y no podré hacerme lo que me hace falta”, dice.

Situación similar a la realidad que vive Claude y Nicolás de Camerún. “Sin papeles no podemos trabajar. Entonces, ¿Cómo quieren que pague 710 euros por la tarjeta sanitaria?”. “Nos están invitando a irnos”, interpreta Nicolás igualmente infectado con el virus de la hepatitis B y D. “¿Irnos adónde? Nos están sacrificando; nos están dejando morir”, le corrige Claude, enfadado.

Dramáticos testimonios ante el anuncio de los recortes del gobierno Español a causa de la crisis financiera. Entre las medidas está que los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble; las embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán y los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados.