El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, eludió responder a la pregunta de si declaró o no la secesión y propuso este lunes un plazo de dos meses de negociación a Madrid, que se dio por insatisfecho con la respuesta.
Puigdemont pidió además reunirse "lo antes posible" con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para no dejar "que se deteriore más la situación", en la peor crisis política en España en 40 años.
El jefe del ejecutivo central había emplazado a Puigdemont a dejar claro, este lunes de mañana, si declaró o no la independencia la semana pasada.
Y amenazó con que, en caso de respuesta afirmativa, intervendrá la amplia autonomía de que goza Cataluña, una medida de consecuencias imprevisibles.
El 10 de octubre, ante el Parlamento regional, Puigdemont consideró que tenía un mandato para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, pero acto seguido la suspendió para tratar de propiciar un diálogo con Madrid o una mediación internacional.
Este lunes optó de nuevo por ganar tiempo, sin responder a la pregunta de Rajoy: "La prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo", por lo que "durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar".
La pelota queda ahora del lado del gobierno central, que advirtió de que no se contentaría con una respuesta ambigua.
En una primera reacción, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó que la carta "no constituye una respuesta" al requerimiento que se le dirigió.
Se había pedido una respuesta "clara" y "parece que no lo es tanto", abundó el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Según los plazos previamente establecidos por Rajoy en caso de respuesta insatisfactoria, Puigdemont tiene ahora hasta el jueves a las 10H00 (08H00 GMT) para rectificar.
Por su parte el responsable catalán de Interior, Joaquim Forn, dijo a la radio pública catalana que el plazo de dos meses "puede ser de un día, si (el gobierno de Rajoy) considera que esta carta no responde a las expectativas".
Aunque la sociedad catalana esta muy dividida sobre el tema, los dirigentes catalanes se amparan en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, que la justicia española prohibió por inconstitucional.
Pese a que no contó con las garantías habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido, y asegura que en él hubo un 90% de síes a la independencia, con una participación del 43%.
Forn indicó por ello que "si este diálogo no es correspondido", la declaración unilateral de independencia será "el siguiente paso".
Los sectores más duros del independentismo hicieron saber su descontento con la suspensión de la declaración de independencia y han exigido a Puigdemont que esta misma semana la proclame de manera "solemne".
No descartan además tomar las calles de Cataluña para mantener la presión y que se cumpla el "mandato" del 1 de octubre.
Presión de todos lados
Puigdemont elaboró su respuesta en medio de una tremenda presión política, económica, diplomática y también judicial.
Este mismo lunes declaraban por segunda vez ante la Audiencia Nacional en Madrid el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y dos destacados líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los tres declaran por "sedición", un delito que puede acarrear hasta 15 años de prisión.
Comparacen al hilo de una protesta ocurrida el 20 de septiembre en Barcelona, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de un edificio del gobierno catalán en el que estaban efectuando registros.
En el caso de Trapero, comandante de los Mossos d'Esquadra, la acusación de sedición se extiende al 1 de octubre.
Según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción.
La presión también vino del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.
Los más altos dirigentes de la Unión Europea también se pronunciaron contra una secesión unilateral, al igual que varios países latinoamericanos como México, Colombia y Chile.