En una sesión histórica el Senado brasileño inició este miércoles el debate sobre si abre un juicio de destitución a la presidenta izquierdista Dilma Rousseff que la aparte del cargo y baje el telón a los más de 13 años del Partido de los Trabajadores en el poder.
El plenario de la Cámara Alta comenzó los debates con una hora de retraso para decidir si la presidenta debe ser sometida a un impeachment por haber cometido un "crimen de responsabilidad" al utilizar préstamos de bancos estatales para tapar agujeros del presupuesto en 2014 y en 2015.
La votación de los senadores debe terminar tarde en la noche del miércoles o en las primeras horas del jueves.
La oposición afirma contar con la mayoría simple de 41 votos (sobre un total de 81 senadores) para instalar el juicio en el Senado y apartar del poder a la primera mujer presidenta de Brasil por seis meses mientras se adopta una decisión definitiva.
El impeachment es un proceso "largo y traumático", afirmó poco antes del inicio de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Renán Calheiros.
El proceso "coloca una enorme responsabilidad sobre el Senado" pues "decidiremos sobre el alejamiento temporal o la permanencia en el poder de la presidenta Rousseff, que fue elegida por el voto popular directo", añadió el líder de los senadores, que pidió "serenidad y espíritu público" a los legisladores.
Mientras los debates se iniciaban en Brasilia simpatizantes del gobierno protestaron brevemente contra el impeachment en varios puntos de Sao Paulo, bloqueando arterias viales y levantando barricadas.
En Brasilia, en cambio, el día transcurría normalmente fuera de las paredes del Congreso, aunque un dispositivo especial de seguridad con 1.500 policías se desplegó en la explanada central donde se esperan manifestaciones a favor y en contra del impeachment.
El mercado reaccionaba con calma a este nuevo capítulo político. La bolsa de Sao Paulo subía 0,57% mientras que el real perdía 0,12% a media mañana del miércoles. El martes el parquet paulista cerró con alza de más de 4%.
"Golpe moderno"
Los sondeos coinciden en que la oposición tiene votos más que suficientes para apartar temporalmente del poder a Rousseff, de 68 años, que gobierna la mayor economía latinoamericana desde 2011 tras suceder a Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10).
La mandataria acusa a su vicepresidente Michel Temer de orquestar un "golpe moderno" en su contra y aduce que gobernantes de la oposición que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales de las que se le acusa, afirmando que no cometió ningún "crimen de responsabilidad", un cargo que puede ser castigado con el impeachment según la Constitución.
Exaliado del gobierno al que Rousseff acusa de traición, Temer asumirá la presidencia de forma interina si la mandataria es suspendida del cargo.
Y si Rousseff es finalmente declarada culpable al cabo de seis meses de juicio, Temer quedará al frente del país hasta 2018, fin previsto de su mandato.
Guerrera
"El último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018", dijo Rousseff el martes ante miles de fervientes simpatizantes.
"Voy a luchar (contra la destitución) con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha", prometió esta exguerrillera, torturada y encarcelada durante la dictadura militar (1964-1985).
La batalla por la destitución de Rousseff está en auge a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, cuando Brasil atraviesa una severa recesión económica y avanza en la mayor investigación por corrupción de su historia, enquistada en Petrobras, con decenas de políticos y poderosos empresarios en la mira.
Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula, cuenta apenas con el 10% de apoyo de la población en medio de la contracción económica que el año pasado fue de 3,8%, un creciente desempleo y una inflación de casi dos dígitos. Millones de brasileños se han volcado a las calles a pedir su salida.
En Roma, el papa Francisco hizo un llamado al diálogo en Brasil: "Mis pensamientos van para esa amada nación (...) que atraviesa momentos de dificultad".
Un gobierno paralizado
Aislada, la mandataria ha perdido el apoyo de casi todos los partidos que integraban su coalición de gobierno y ya no tiene en los brasileños más desfavorecidos la misma fuerza que en épocas de bonanza.
El gobierno está prácticamente paralizado a la espera de una definición sobre el impeachment, apoyado por un 61% de la población según los sondeos.
En un desesperado intento por impedir que la presidenta sea alejada del poder, el gobierno pidió el martes a la Corte Suprema anular el procedimiento de impeachment.
La Abogacía General del Estado (AGU), que defiende a la mandataria, asegura que el proceso debe ser anulado porque el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones de corrupción en su contra, solo aceptó abrirle un juicio de destitución por "venganza" personal.
Hacia el mediodía del miércoles la Corte aún no se pronunciaba sobre este recurso.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares.