Crear bancos de ADN que identifiquen a niños en riesgo de caer en redes de explotación laboral y sexual, es una de las propuestas del Vaticano para luchar contra la trata de personas, sobre todo en la infancia.
La Academia Pontificia de las Ciencias ha elaborado una batería de 41 medidas para luchar contra lo que considera "un crimen contra la humanidad". Para combatir "la esclavitud moderna", entre otras propuestas, la Santa Sede ha incluido la del forense español José Antonio Lorente.
Lorente, director de Identificación Genética de la Universidad de Granada y científico durante dos años en la Academia del FBI en Quantico (Virginia, EE.UU.), fue uno de los invitados a participar en un seminario organizado a petición del propio Papa Francisco del que se han extraído una serie de sugerencias que serán remitidas a gobiernos, autoridades y distintas ONGs para combatir esta lacra.
El forense presentó su programa DNA-Prokids, un proyecto basado en la identificación genética que ha logrado reunificar a 620 madres con sus hijos desaparecidos en 16 países de Asia y Latinoamérica, y evitar más de 200 adopciones ilegales, tomando muestras genéticas tanto a los niños no identificados como a los padres que han denunciado la desaparición de sus hijos, según reporta el diario El País.
DNA-Prokids cuenta actualmente con más de 9.200 muestras, pero carece de un centro de coordinación. Según su director, es urgente actuar en estos momentos en Filipinas, tras el paso del supertifón Haiyán, ya que "siempre ha sido un punto caliente de tráfico de niños, pero tras una catástrofe, más aún". Lorente asegura que "“en momentos como este es muy fácil que las mafias se vistan una camiseta de Cruz Roja y vayan recogiendo menores huérfanos por el tifón en una furgoneta".
El documento del Vatianco insta a los gobiernos a "criminalizar a los clientes de la prostitución" como método para combatir la explotación sexual; además de a seguir el dinero hasta llegar a los traficantes y a aportar los suficientes medios y fondos económicos a todos los agentes involucrados (políticos, jueces, policías) para combatir estas prácticas.
La Santa Sede también pide a las organizaciones no gubernamentales que creen redes asistenciales gratuitas para ayudar a las víctimas, así como a los empresarios a introducir códigos estrictos para asegurarse de que en su cadena de proveedores no ha intervenido el trabajo forzado.