"Chile no ha votado a favor de las resoluciones, no las ha aceptado como obligaciones y tampoco ha creado expectativas legítimas respecto a las negociaciones".
Eso planteó la abogada de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Mónica Pinto, durante su intervención la mañana de este viernes en el tribunal que dirimirá si nuestro país tiene la obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia.
La profesional centró su exposición en dos temas que presentó el equipo boliviano ante la corte el lunes y martes de esta semana: las resoluciones que se aprobaron en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema y las conversaciones bilaterales que se llevaron a cabo entre Chile y Bolivia a finales de la década de los ochenta.
La abogada Pinto señaló que Bolivia planteó sus aspiraciones de lograr una salida soberana al océano Pacífico cuando Chile estaba bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet, "aprovechando su aislamiento político".
La jurista relató que Bolivia "sometió la cuestión de su salida al mar a la OEA en la asamblea general de 1979" y que luego de eso la OEA aprobó 11 resoluciones entre 1979 y 1989, una por año.
Pinto declaró entonces que "Bolivia omite precisar que ninguna de las resoluciones en esta cuestión fue aprobada por la OEA ni antes del golpe de Estado de Chile en 1973 ni después del retorno a la democracia".
Agregó que "desde el regreso de la democracia en Chile ninguna institución internacional ha dado apoyo jurídico a las aspiraciones bolivianas".
Continuando con el análisis de los argumentos de Bolivia, la abogada indicó que la jurista del equipo boliviano Amy Sander planteó el martes por la mañana "una nueva tesis" que ligaba las recomendaciones de la OEA con una obligación a negociar de Chile.
"En las recomendaciones (de la OEA) no hay nada que confirme la existencia ni establezca la obligación de negociación (...), solamente de aspiraciones políticas", apuntó Pinto, agregando que "la última resolución de la OEA (en 1989) ratifica que no hay litigios pendientes sobre un acceso soberano al mar".