Por cometer "diversas infracciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y al reglamento interno institucional, en el marco de sus actuaciones en el caso Incendios", el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, instruyó una investigación administrativa en contra del Fiscal Regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Además, lo sancionó con una multa del 5% de su remuneración mensual por el tiempo de un mes.
El proceso sobre las actuaciones de Arias era llevado adelante por el Fiscal Regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quien emitió un informe al respecto que fue aprobado por Abbott y en donde recomendaba aplicar la medida de censura por escrito. Pese a ello, la máxima autoridad del Ministerio Público determinó elevar la sanción propuesta por el persecutor a cargo del sumario.
En el detalle, la resolución establece que el Fiscal Arias "cometió una infracción a la Ley N° 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, al ordenar en su calidad de Fiscal Regional, la apertura de oficio de una indagatoria criminal para investigar la grabación de una conversación sostenida entre él y las víctimas del incendio de Pumanque el pasado 1 de febrero. Sin embargo, a juicio del fiscal sumariante, a Arias le afectaba la causal de inhabilidad prevista en dicha Ley Orgánica, al tener parte o interés en el caso como víctima del delito, causal que tampoco fue informada a su superior jerárquico, de acuerdo a lo previsto en la misma ley".
El texto continúa señalando que "asimismo, la apertura de dicha investigación fue ordenada casi un mes después de los hechos, tras la denuncia administrativa realizada por la defensa de los ejecutivos de CGE el 24 de febrero, y no cuando se tomó conocimiento de ellos, lo que permite que se generen dudas respecto de una posible instrumentalización de la acción penal. Por lo anterior, el Fiscal Abbott, resolvió reasignar dicha investigación penal al Fiscal Regional del Maule, Mauricio Richards".
De acuerdo a la resolución de Abbott, Arias además "infringió el Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público al no respetar el deber de guardar secreto de la información que toma conocimiento por razones de su cargo, al revelar en la reunión sostenida con las víctimas del incendio de Pumanque aspectos sensibles en cuanto al origen de los siniestros y a los posibles responsables de los mismos, en circunstancias que no todos los asistentes tenían la calidad de intervinientes".
La Fiscalía incluso reveló detalles sobre aquella reunión sostenida el 1 de febrero, en donde también estaba presente el fiscal Paredes quien fue testigo de una intervención de Arias en la cual sostuvo que en la investigación penal "no tengo jefe. Tengo una relación institucional con el Fiscal Nacional, pero la investigación la tengo yo". A juicio de Abbott, estas declaraciones constituyen una infracción de carácter grave al desconocer el principio de jerarquía.
Otro motivo de sanción considerado por el Fiscal Nacional fue "no cumplir con la instrucción impartida el 5 de abril de 2016 dirigida a todos los Fiscales Regionales del país, sobre entrevistas a medios de comunicación, al pactar y otorgar múltiples entrevistas con distintos medios de comunicación, sin informar de ellas al Fiscal Nacional sobre la materia y fecha de las referidas entrevistas, no obstante tratarse de temas de trascendencia nacional".
Respecto a lo anterior, Abbott sostiene que existe una falta de diligencia, a lo menos, "de carácter reiterada de parte del investigado, Emiliano Arias Madariaga, en orden a desconocer las instrucciones y lineamientos impartidos por el Fiscal Nacional respecto de la relación con los medios de comunicación, especialmente de aquellas relativas a la concesión de entrevistas".
Por último, el jefe del Ministerio Público advierte en su dictamen que los graves incendios que afectaron a la región, son casos de gran impacto nacional y social de tal relevancia "que han implicado que este Fiscal Nacional haya apoyado decididamente las referidas investigaciones, lo que queda de manifiesto en los recursos públicos considerables que se ha autorizado invertir en ellas, otra razón más por la cual debe existir un fuerte apego al principio de objetividad en la dirección y en el ejercicio de la acción penal pública".