Este jueves fue publicada la Ley 21.038 que modifica el Decreto de Ley 1.757 y que concede beneficios a los miembros de los Cuerpos de Bomberos.
El Decreto de Ley 1.757, que rige desde el año 1975, ahora propiciará la entrega de una serie de beneficios a los voluntarios que sufran accidentes o contraigan enfermedades con ocasión de su participación en actos de servicio, al concurrir a ellos o en actividades que tengan directa relación con la institución.
La iniciativa nació de la inquietud que presentó la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos con respecto a las dificultades de orden práctico en la normativa, deficiencia trabajada en la Comisión Bomberos de la Cámara de Diputados, en los Secretarios Abogados de la Comisión Bomberos, por el Jefe de la División de Entidades No Aseguradoras de la ex Superintendencia de Valores y Seguros junto al Fiscal de la Asociación de Aseguradores de Chile y los Abogados y el Asistente Social de Bomberos de Chile.
Los beneficios
La iniciativa de modificación incorpora, entre los beneficiarios de los subsidios, a los voluntarios de Bomberos que se encuentran en proceso de buscar trabajo luego de su titulación y a los alumnos que estén cursando curso de preparación de pruebas de selección universitaria.
Además, son incorporados como beneficiarios de la ley las personas que sin estar casadas con un bombero o bombera fallecida, hayan mantenido vigente a la fecha del fallecimiento un acuerdo civil de vida en común.
De esta forma, las pensiones de los beneficiarios serán pagadas directamente por la ex Superintendencia de Valores y Seguros y no a través de la contratación de pólizas de rentas vitalicias.
En el caso de tomar acciones por la denuncia de accidentes, la ley dispone que el Superintendente del Cuerpo de Bomberos, al que pertenece el lesionado, debe emitir un informe basado en una investigación sumaria que dé cuenta de las circunstancias de hecho. Esto busca evitar la reiteración de accidentes evitables.
En suma, la ley contempla el pago de prestaciones a personal médico, así como de otros profesionales de la salud, y dicta una sanción penal a aquellos que intenten obtener los beneficios contenidos en ella de forma fraudulenta.
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