La ministra en visita Patricia González rechazó procesar al general (r) y actual presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación en la muerte y desaparición de presos políticos durante el paso de la comitiva militar conocida como "Caravana de la Muerte", liderada por el general Sergio Arellano Stark.
El abogado Cristián Cruz, abogado representante de familias de detenidos desaparecidos, había solicitado la encargatoria reo de Cheyre por su presunta responsabilidad en el fusilamiento de 15 presos políticos en el Regimiento Arica de la ciudad de La Serena.
Al momento de ocurrir los hechos, Cheyre era teniente del regimiento donde se produjeron los asesinatos.
Según el libelo presentado ante el tribunal, "el general Ariosto Lapostol Orrego y su ayudante, Juan Emilio Cheyre, intentaron aparentar que debían cumplir lo ordenado por un 'falso Consejo de Guerra', por lo que un grupo de 15 prisioneros políticos, fueron detenidos, apremiados y fusilados, y donde algunos recibieron tiros de gracia en la cabeza, para posteriormente ser inhumados sus cuerpos, al margen de todo procedimiento legal y humanitario, en una fosa común del cementerio local".
En ese consejo fueron ejecutados Óscar Gastón Aedo Herrera (23); Carlos Enrique Alcayaga Varela (38); José Eduardo Araya González (23); Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26); Jorge Abel Contreras Godoy (31); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43); Óscar Armando Cortes Cortes, (48); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22); Jorge Mario Jordan Domic (29); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35); Jorge Washington Peña Hen (45); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44); Roberto Guzman Santa Cruz (35) y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22).
La parte querellante señaló que Cheyre habría redactado o modificado un comunicado para informar que la ejecución correspondía a una decisión de un tribunal, lo que fue informado también por la prensa local.
Ante el rechazo de la justicia al procesamiento, Cristián Cruz podrá recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago.