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Cárcel para los involucrados en malversación de fondos en Valparaíso

Entre 4 y 10 años de presidio recibieron como sentencia los cinco involucrados en el caso de malversación de caudales públicos, cometidos entre 2008 y 2009, en la Intendencia de la región de Valparaíso.

Alejandro González

Miércoles 29 de mayo de 2013

En un categórico fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, se comunicó la sentencia final a los involucrados en los delitos de malversación de fondos públicos en la Intendencia Regional de Valparaíso, entre los años 2008 y 2009.

El tribunal integrado por los magistrados Leonardo Aravena, Félix Vega y Sandra Cortés llevaron a Lorenzo Antonio Leiva Tapia, Jaime Lorca Rocca, Julio Medina Correa, Enrique Aubele Guerin y Marcelo Urzúa Pérez a penas de presidio que oscilan entre los 4 y los 10 años y una pulta de 11 UTM.

El detalle de las sentencias es el siguiente:

-Lorenzo Antonio Leiva Tapia: a la pena de 10 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM, en calidad de autor de 19 delitos de malversación de caudales públicos. No se concedió beneficios;

-Jaime Lorca Rocca: a la pena de 8 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM, en calidad de autor de 17 delitos de malversación de caudales públicos. No se concedió beneficios;

-Julio Medina Correa: a la pena de 5 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM, como cómplice de un delito de malversación de caudales públicos. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada;

-Enrique Aubele Guerin: a la pena de 5 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM, como cómplice de 15 delitos de malversación de caudales públicos. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada, y

-Marcelo Urzúa Pérez: a la pena de 4 años de presidio y al pago de una multa de 11 UTM, como cómplice de dos delitos de malversación de caudales públicos. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Del mismo modo, se estableció que los imputados tendrán que pagar una suma "solidaria" de $1.031.457.332  (mil treinta y un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y dos pesos) luego que se acogiera la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.