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CIDH recomienda investigar torturas a ex oficiales FACh

El organismo internacional responde al recurso interpuesto por un grupo de 12 ex uniformados que fueron juzgados por sedición y traición a la patria.

24horas.cl Tvn

Martes 21 de enero de 2014

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó una serie de recomendaciones al Estado de Chile respecto del caso de 12 ex oficiales de la Fuerza Aérea (FACh), que fueron torturados y condenados por "sedición y traición a la patria" por la justicia militar en 1973.

El texto entregado por el organismo internacional indica que se debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato del general Alberto Bachelet, padre de la mandataria electa Michelle Bachelet.

"Deben establecerse las responsabilidades penales y/o administrativas a que haya lugar, por la omisión de investigar las torturas padecidas por las víctimas del presente que fueron puestas en conocimiento de las autoridades chilenas", agrega el texto publicado por The Clinic Online, en relación al actuar del Poder Judicial en estos casos.

Esto porque los ex uniformados inicialmente acudieron a la Corte Suprema el año 2001 para anular el proceso 1-73 de la judicatura militar con el que se les condenó por "sedición y traición a la patria", entre otros delitos. Entonces el máximo tribunal rechazó la solicitud argumentando falta de competencia en el fuero militar.

Ante esta respuesta, los aviadores recurrieron a la CIDH el año 2003. Diez años después, la resolución fue entregada al Estado justo cuando Chile debe rendir su "Examen Periódico Universal" ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Las recomendaciones también apuntan a la reparación plena de las víctimas y sus familias "incluyendo tanto es aspecto moral, como material".

En relación al actuar de la justicia, la Comisión indica que se deben "adoptar las medidas necesarias para otorgar un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos" y, en ese sentido, "adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otras índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas chilenas a los estándares interamericanos en materia de tortura y protección judicial".