Este martes la Comisión de Constitución del Senado declaró que el proyecto "Aula Segura" no cumple con las garantías mínimas del debido proceso, siendo inconstitucional.
La iniciativa busca dar facultades a directores de colegios para expulsar directamente a alumnos que protagonicen hechos de violencia, situación que fue declarada como insconstitucional.
La determinación de la Comisión se decidió por tres votos en contra de los senadores Francisco Huenchumilla, Felipe Harboe y Alfonso de Urresti, mientras que respaldaron la iniciativa los parlamentarios Rodrigo Galilea y Luz Ebensperger.
Al respecto, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, indicó tras salir de la instancia que "¿cómo va a ser inconstitucional expulsar a un alumno que lanza una molotov al interior de un establecimiento o rocía con bencina a un profesor?".
Asimismo, acotó que "hoy nos han dicho dos cosas incongruentes, nos dicen, para qué esta ley si ya existe y que es inconstitucional. No existe porque hoy los reglamentos de convivencia están superados y es, por supuesto, conforme a la Constitución expulsar a alumnos por estos hechos".
Además, manifestó que "se inicia por fin la tramitación de este proyecto, nosotros creemos que se requiere con mucha urgencia (...) nosotros estamos dispuestos a mejorar, cambiar, adaptar el proyecto y, además, acoger que los parlamentarios puedan presentar indicaciones. Creo que esa es la forma de discutir en este tema".
En esa línea, detalló que se presentará una indicación al proyecto, el que continuará con la atribución de los directores para expulsar a alumnos por hechos de violencia, pero se le notificará al estudiante cuando sea sorprendido y se le otorgará cinco días para solicitar la reconsideración.
También, precisó que el alumno encontrado en estas circunstancias será "separado inmediatamente de la comunidad porque nos interesa proteger a los profesores y alumnos".
Finalmente, la titular de Educación enfatizó que con este proyecto "queremos lograr un acuerdo transversal, como Gobierno tenemos toda la flexibilidad" y acotó que "aquí no hay una ley que prohíba la libertad de expresión, la libertad de protestar o levantar causas estudiantiles, eso corre por otro carril y tenemos todo el respeto, acá estamos hablando de hechos como porte y uso de armas, o agresiones con lesiones a miembros de la comunidad".