Durante la sesión de este martes en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, los diputados aprobaron una de las indicaciones más controvertidas.
Por 7 votos a favor y 6 en contra, los parlamentarios integrantes dieron luz verde a la indicación que establece que los sostenedores que retiren utilidades deberán restituir estos dineros y pagar una multa, de no ser así se exponen a una pena de presidio que iría desde los 541 días a cinco años de cárcel.
Según la indicación, "el administrador a cualquier título de un establecimiento educacional subvencionado o que reciba aportes permanentes del Estado, con daño o entorpecimiento a la prestación del servicio educativo, destinare tales recursos a una finalidad diferente a los fines educativos señalados en el artículo 3° de la
presente ley, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de cincuenta por ciento de dicho monto y deberá reintegrar al establecimiento el total de los recursos mal usados. No verificado el reintegro, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a máximo".
El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, explicó que ésta se realizará en el proceso, "un delito de este tipo debe ser llevado por la Superintendencia de Educación Escolar al Ministerio Público, por lo tanto, esto está sometido al debido proceso y no se innova en absoluto a nuestro orden constitucional vigente".