La Comisión de Constitución del Senado aprobó por 3 votos contra 2 la idea de legislar del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales (peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación).
A la instancia acudieron como invitados el Ministro de Justicia, la Ministra de Salud, la Ministra de la Mujer, el Ministro Secretario General de la Presidencia, y los abogados Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga, Miguel Ángel Fernández, Álvaro Ferrer, Alex Van Weezel y Patricio Zapata.
Tras las exposiciones de los profesionales, el primero en votar fue el senador DC Jorge Pizarro, quien aprobó la idea de legislar. Entre los argumentos contemplados, el parlamentario destacó que "en lo que estamos de acuerdo, es que debe existir un acompañamiento integral. Hoy nadie discute que debe haber un acompañamiento para la mujer".
Tras ello, Pizarro sostuvo que "lo que debemos hacer, como Estado frente a este tema, es retomar políticas públicas que prevengan el embarazo, sobre todo el adolescente".
Luego vino el turno de Alberto Espina, de Renovación Nacional. A juicio del parlamentario de oposición, "la dignidad de todo ser humano es la base en la que se sustenta nuestra sociedad. El proyecto que estamos analizando, lo que hace es desconocer la dignidad del ser humano que está por nacer, privándolo del derecho más fundamental que es el derecho a la vida".
Luego de reafirmar que "el derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución (...) El ámbito protegido es la vida", Espina votó en contra.
Antes de manifestar su inclinación, el UDI Hernán Larraín aseguró que "soy siempre partidario de debatir cualquier iniciativa. El principio a debatir lo tengo de formación académica, por lo tanto no huyo del debate, sino que lo valoro y lo practico".
Una vez dichas estas palabras, argumentó que "el derecho a la vida es el primero de los derechos, y es el primero al cual debemos entregar todo nuestro respeto y adhesión (...) los derechos que emanan de la naturaleza humana no son otorgados por la Constitución, sino que ésta los reconoce. Lo que corresponde es que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos".
Junto con reiterar que "la vida es el derecho fundante del resto de los derechos humanos, ya que sin vida, no hay derechos humanos", y que "este proyecto es contrario a nuestro texto constitucional", Larraín rechazó la idea de legislar.
Para el PS Alfonso de Urresti, "este proyecto estaba contemplado en el programa de Gobierno, y me parece muy bien abordarlo de fondo". El parlamentario citó una frase del profesor Agustín Squella, para ejemplificar su postura: "Debemos dejar la decisión de interrumpir el embarazo en manos de quien sufre la condición, debidamente asistida y en conciencia".
De Urresti manifestó más tarde que "el principio de la dignidad humana lleva a la mujer a tener la capacidad de decidir frente a situaciones de la naturaleza que se han planteado. Me sorprende cómo la sociedad reduce esos derechos de la mujer. La dignidad humana y los derechos de la mujer están consagrados".
De manera previa a dar a conocer su voto, el socialista sostuvo que "hay un sesgo de clases en nuestro país. Aquí quienes tienen recursos tienen contactos para realizarse esos abortos. Como senador, aquí el trabajo lo han hecho los académicos en materia constitucional, pero políticamente es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos privando a las mujeres y a la sociedad en su conjunto de decidir".
También emplazó al sector opositor señalando que "los mismos sectores que se niegan a la educación sexual, son los mismos que hoy defienden de manera contundente que no legislemos y no debatamos esta discusión".
Finalmente, el parlamentario apoyó la iniciativa.
El último en votar fue el PPD Felipe Harboe, quien apoyó también la idea de legislar el proyecto, asegurando que "el debate va siempre referido al aborto con sentido, pues no se discute que el aborto contra la voluntad de la mujer es incuestionable. Soy un convencido que no es este el lugar para cerrar este debate ni para llegar a un falso consenso sobre cuándo comienza la vida".
Además esgrimió que "aunque el Estado está obligado a proteger la vida del que está por nacer, esto no significa que tal obligación sea de carácter penal (...) No cabe duda que el proyecto debe apreciarse como una variante moderada del sistema. El proyecto de ley no pretende introducir en nuestro país un sistema de plazos. El Parlamento debe tener la posibilidad de discutir este proyecto".
Tras las intervenciones de los senadores, se aprobó la idea de legislar con 3 votos a favor y 2 en contra.
Una vez finalizada la sesión, el senador Larraín confirmó ante los medios que como sector van a evaluar la posibilidad de llevar la discusión ante el Tribunal Constitucional.