Tras estallar el escándalo de fraude al interior de Carabineros por parte de nueve oficiales que fueron sancionados, la Contraloría General de la República anunció que instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades y los montos involucrados.
De igual forma, el organismo tendrá como como "prioridad nacional" realizar una auditoría a las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan alto flujo financiero. El objetivo de dicha iniciativa será "prevenir que esta situación pudiera estarse replicando en otras instituciones públicas".
Además, la entidad aseguró que durante los últimos 5 años ha realizado 39 auditorías en distintas áreas de Carabineros de Chile, detectando diversas irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, entre otros.
Revisa a continuación el comunicado emitido por la Contraloría:
"En los últimos 5 años la Contraloría General de la República ha realizado 39 auditorías en distintas áreas de Carabineros de Chile.
En tales fiscalizaciones ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros, las que han derivado en sumarios administrativos, denuncias penales y correcciones de procedimientos.
Estas auditorías implican la revisión de muestras dentro del total del universo fiscalizable y permiten ir acotando las áreas de riesgo.
En el caso específico de los pagos irregulares que se denunciaron ayer en Carabineros, el Contralor General instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades cometidas y los montos realmente involucrados.
Asimismo, y utilizando las nuevas atribuciones que recientemente le otorgó la ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública (y que por primera vez lo autoriza a revisar el contenido y veracidad de las declaraciones de patrimonio e intereses), instruyó como prioridad nacional efectuar una auditoría a la situación patrimonial de las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan alto flujo financiero, a fin de prevenir que esta situación pudiera estarse replicando en otras instituciones públicas".