Durante esta jornada la Corte Suprema rechazó el recurso de casación y condenó al Estado a pagar tres millones de pesos a 659 ex prisioneros políticos, lo que se resumen en una cifra de $1977 millones.
En un fallo dividido el máximo tribunal ratificó la sentencia que había sido impugnada por considerar que las víctimas fueron objeto de delitos de lesa humanidad.
"Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa", establece el fallo.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Fuentes y el abogado Prado, quienes consideraron que en el caso se debió aplicar la prescripción de la acción civil.
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