La Corte Suprema confirmó el pago de una millonaria indemnización para 74 familiares de 20 víctimas que dejó el tsunami del pasado 27 de febrero de 2010 tras el terremoto 8,8 Richter que afectó al centro y sur del país.
La Tercera Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, del 17 de enero pasado, donde se ratificó las compensaciones económicas para los familiares de las víctimas.
El Fisco deberá desembolsar "entre $7.500.000 y $30.000.000 a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé".
Cabe señalar que el fallo de primera instancia dictado por el juez Pedro García estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio durante la emergencia.
"Que si bien es efectivo que, en general, cualquiera persona, atendido al sismo previo al tsunami, pudiera no haber reaccionado en la forma que correspondía frente a la eventualidad de un maremoto, no es menos cierto que, al contrario de lo que señala la parte demandada, ello no resulta aplicable a las autoridades que ostentaban cargos que les imponían precisamente la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar o al menos paliar las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales", sostiene la resolución.
Además, el fallo agrega que "la falta de servicio de parte de las referidas autoridades aparece debidamente acreditada con las probanzas que en cada caso se señala, en la forma que se expone en los fundamentos del fallo de primer grado que a continuación se indica: 18° a 24° respecto de Juan Fernández; 25° a 30° de San Antonio; de 31° a 35° de Constitución; 36° a 41° de Talcahuano; de 43° a 45° de Tomé".