La Corte Suprema elaboró un informe dirigido a la Cámara de Diputados en el que se refiere al proyecto de ley que establece modificaciones a la libertad condicional.
La iniciativa busca aumentar las exigencias para solicitar el beneficio carcelario, además de las comisiones que revisan las solicitudes para acceder.
Los magistrados mediante el documento indicaron sus reparos a la iniciativa en algunos aspectos como los cambios en el consejo técnico, comisiones de jueces y la creación de un recurso especial, consigna El Mercurio.
En cuanto al consejo técnico, que desarrolla los informes ante solicitudes de libertad condicional, en el proyecto se busca modificar las atribuciones con las que cuenta,
Ante esto la Corte Suprema señala que el consejo "no es un órgano independiente del jefe del penal que tenga un carácter únicamente técnico, o que sea idóneo para servir de contrapeso a las decisiones tomadas desde la perspectiva uniformada".
Además plantea que es "anómalo" que un organismo legislativo determine las normas de un consejo que no se rige mediante leyes.
Para que el cambio sea realmente significativo, la Corte indica que es necesario "definir con cuidado una composición estricta para dicho órgano (con miembros, cargos, modo de sesionar y decidir específicos) con rango legal, de modo que se le otorgue un adecuado grado de autonomía e independencia técnica".
Otro de los puntos cuestionados tiene relación con los cambios en la comisión de jueces, quienes evalúan otorgar la libertad condicional.
El proyecto plantea disociar las comisiones, lo que según la Corte Suprema, podría aumentar las cargas de trabajo, lo que finalmente podría provocar que "duplicando esfuerzos de manera innecesaria y aumentando el costo hundido que implica aprender cada vez, desde cero, a lidiar con la crudeza de la realidad penitenciaria".
Finalmente criticaron el recurso especial que plantea la iniciativa y que tiene como fin impugnar las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional.
Ante esto el máximo tribunal indica que hay dos problemas, el primero es que es muy formal la disposición considerando que va dirigida a una sector "ilustrado".
El segundo cuestionamiento tiene relación con que el recurso podría dejar de usarse, ya que sigue siendo más viable un recurso de amparo.