La Corte Suprema estableció, en el marco de una acción legal contra una empresa de llamados telefónicos, que el trabajar 36 horas semanales califica como jornada completa.
El máximo tribunal acogió dos recursos de unificación de jurisprudencia y confirmó que los trabajadores del centro de llamados Actionline S.A debían recibir remuneración igual o mayor al sueldo mínimo mensual.
Los funcionarios eran contratados por 36 horas semanales, pero se les pagaba como si efectuaran servicios en jornada parcial, por lo que su pago era menor al monto fijado por la ley.
La resolución se alcanzó a través de dos fallos unánimes de la Cuarta Sala del máximo tribunal.
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