Una demanda contra el Estado presentarán este martes ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso 70 deudores de distintos créditos, entre ellos Corfo y CAE, quienes buscan anular los contratos –a su juicio- ilegales y recibir indemnizaciones por el daño moral.
En entrevista con 24Horas.cl, el abogado de los estudiantes, Ariel Zúñiga, aseguró que existe un acto ilícito –apuntando a una posible colusión- entre el Estado y los bancos que ofrecen dichos créditos.
"Entendemos que las personas que contrataron estos actos (créditos), lo que hicieron fue finalmente recibir un dinero que era público, pero el estado le había depositado previamente a los bancos sin interés, y los bancos lo prestaron con interés. Ese margen de interés se trata de un enriquecimiento ilícito", explicó.
A juicio de Zúñiga, existe un lucro que no solamente "tolera" el Estado, "sino que también lo comete el Estado, casi de manera delictual". En ese sentido, indicó, la acción legal no solamente tendría una veta civil, sino que también tendría que ser investigado por la justicia criminal.
"Aquí hay una colusión entre funcionarios estatales, el sistema bancario, y las universidades estatales y privadas", disparó.
Consultado sobre qué buscan concretamente con la demanda, el profesional precisó que exigen que se anulen los créditos y, además, se indemnice por una suma de 650 millones de pesos para cada uno de los deudores, por "haberles destruido la vida a jóvenes que estaban en su mejor edad".
"Es un juicio que va a demorar mucho. Lo que está en cuestión acá es el monto de la indemnización, porque al tribunal no le queda más que declarar que los contratos son nulos", agregó.
"VIENEN MÁS DEMANDAS"
Cristian Villagrán, vocero nacional de la Agrupación de Estafados del Crédito Corfo, puntualizó en 24Horas.cl que debido a las insatisfactorias soluciones entregadas por el Gobierno, "vamos a buscar justicia en los tribunales".
A juicio del dirigente, la propuesta del Ejecutivo de rebajar la tasa de interés a un 2% no es suficiente, ya que "sólo un 50%" de las 106 mil familias afectadas se verán beneficiadas. Además, el portavoz critica que la ayuda a los estudiantes significa "un subsidio a la banca".
"El Gobierno como administrador del Estado lo que debe hacer es ponerse los pantalones frente a un sistema bancario que ha actuado de forma impune durante años", fustigó.
Finalmente, Villagrán llamó a los deudores a estar atentos a los próximos pasos, ya que "vendrán nuevas demandas". La próxima, adelantó, será el 2 de marzo, donde presentarán una acción legal contra el Estado por la "vulneración de de tratados internacionales" sobre el derecho a la educación.