Genocidio y asesinato fueron los cargos por lo que el juez español Pablo Ruz procesó a Manuel Contreras y otros seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su papel en el secuestro, tortura y muerte del diplomático hispano Carmelo Soria Espinoza en 1976.
El magistrado de la Audiencia Nacional dictó órdenes internacionales de detención para todos los procesados, ya que podría existir un delito de genocidio debido a que el asesinato del ciudadano español ocurrió "dentro del proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar", indicó.
Además, se solicitó la extradición del grupo que pertenecía a la Brigada Mulchen de la policía secreta de la dictadura. Los reclamados son Manuel Contreras Sepúlveda (líder y cercano al dictador Augusto Pinochet), José Remigio Ríos San Martín, Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, Patricio Quilhot y el estadounidense Michael Townley.
Soria trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (Cepal), organismo de Naciones Unidas. El 14 de julio de 1976 fue secuestrado por la brigada y brutalmente torturado para conocer su relación con el Partido Comunista.
Luego de ser golpeado, lo obligaron a beber pisco y finalmente lo estrangularon. Luego lanzaron su cuerpo a un canal con una nota en el bolsillo para pasar su asesinato como un suicidio.
El juez Ruz señaló que el procedimiento también quiere demostrar que la justicia chilena ha bloqueado el caso, pues "no ha existido una investigación y persecución efectiva de los hechos" y recordó que el proceso fue cerrado en el país aplicando amnistía.
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