El retorno de la Educación Cívica a las aulas es otro de los anuncios realizados por la Presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional.
Según la última encuesta entregada por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el 83,6% de los jóvenes entre 15 y 19 años muestra nulo o muy poco interés por la política.
Si a esto sumamos la crisis de desconfianza hacia la política y sus representantes, el panorama se vuelve cada vez peor.
Es por ello, que desde el Ejecutivo manifestaron el interés por recobrar este sentido regresando el conocimiento cívico y la participación política a los estudiantes secundarios del país.
Para referirse a la importancia de esta medida, 24Horas.cl conversó con el abogado y experto en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor, Esteban Szmulewicz.
En la instancia, el especialista subrayó que "resulta muy importante resituar el debate sobre el restablecimiento de una asignatura obligatoria en el currículum escolar, específicamente destinada a generar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los valores democráticos y con el Estado de derecho, que se denomine como 'educación cívica' o, en la terminología contemporánea, 'formación para la ciudadanía'".
Al ser consultado sobre cómo debiese ser contemplado en las materias, Szmulewicz consideró que "estos contenidos en la actualidad debieran ser abordados en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales de la Enseñanza Media y de manera transversal, pero dada la sobrecarga de contenidos y las prioridades de las asignaturas, no se logra asumir con plenitud los contenidos y competencias vinculadas a la formación para la ciudadanía".
"A su vez, ello implicará también reforzar la formación inicial docente, es decir las asignaturas, contenidos y competencias de las carreras de pedagogía, particularmente de las pedagogías en Historia, para reincorporar estos contenidos y reforzarlos en la formación de los futuros profesores y profesoras", remarcó.
En cuanto a lo que se requiere para que se implemente en los establecimientos, el abogado informó que se necesitan tres aspectos:
- Modificar de las bases curriculares que aprueba el Consejo Nacional de Educación, y que definen por ciclos o años, respectivamente, los objetivos de aprendizaje que permitan el logro de los objetivos generales para cada uno de los niveles establecidos en la Ley General de Educación (LGE). Estos objetivos generales están establecidos en la LGE, en el caso de educación media en el artículo 30.
- Reformar los currículums y los contenidos mínimos obligatorios definidos por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación para los establecimientos de educación media (sean públicos, privados o mixtos), ya que es una resolución del Mineduc la que fija planes y programas para educación básica y media, que son obligatorios para establecimientos que no tengan los suyos propios. Ahora bien, los establecimientos educacionales tienen libertad para desarrollar los planes y programas propios de estudio que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos generales definidos en las bases curriculares, pero estos planes deben ser aprobados por el Mineduc y ajustarse a las bases curriculares mencionadas.
- Modificar también las mallas de las carreras de pedagogía en las Universidades, de manera de incorporar y fortalecer estos contenidos, y también destinar presupuesto a capacitar a los profesionales de la educación en distintos programas de educación superior que les permitan fortalecer sus conocimientos y competencias en esta materia para que toda la comunidad educativa de cada establecimiento haga los ajustes necesarios, a nivel de la capacitación de los profesores o bien la contratación de profesores con formación específica en educación cívica y del involucramiento de las familias en estos nuevos contenidos.
Otro de los puntos fundamentales para el experto, y que defienden la idea de reingreso de la Educación Cívica, tiene que ver con la realidad mundial de participación política juvenil.
Es por ello, que reiteró que "es importante, porque según estudios internacionales Chile se encuentra bajo el promedio acerca del conocimiento cívico de sus estudiantes en edad escolar. Por su parte, según cifras de percepción de los jóvenes sobre las instituciones propias de la democracia representativa, la desconfianza hacia el Gobierno llega al 50% aumentando en un 71% en el caso de Congreso Nacional".
"Ello ha provocado que la participación política de los jóvenes se canalice por vías no institucionales, tales como movilizaciones callejeras, o a través de formas de democracia directa, principalmente asamblearia, que no siempre van de la mano con el ejercicio de valores cívicos mínimos, como el pluralismo y el respeto hacia las minorías, y el reconocimiento del derecho y las autoridades legítimas", añadió.
Sobre la posible razón por la que se dejó de impartir esta materia, a juicio de Esteban Szmulewicz se debería a que se decidió dar prioridad a otros ramos tales como matemáticas o ciencias.
"Es probable que se haya dejado de impartir por cuanto se han querido potenciar otros contenidos de educación media, como las matemáticas o las ciencias naturales, en desmedro de la formación para la ciudadanía. Además, se intentó introducir los contenidos de educación cívica de manera transversal en diversas asignaturas (historia y geografía, ciencias sociales, etc.), pero ello no ha tenido los resultados esperados", puntualizó.
En cuanto a las responsabilidades y ante la pregunta sobre en quienes podría recaer dicha responsabilidad, el abogado respondió que "de acuerdo a la Ley General de Educación, recae primero en el Consejo Nacional de Educación, que es un organismo autónomo, con personalidad jurídica, y que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, y que está compuesto por 10 destacados profesores y académicos universitarios, que tendrá que reformar las bases curriculares para el nivel de educación media".
Asimismo, prosiguió refiriéndose a la designación de las materias que serían contempladas, las que a su parecer estarán a cargo "del Ministerio de Educación, en conjunto con el mismo Consejo, quienes deberán reformar los currículums y los contenidos mínimos obligatorios de cada nivel y asignatura".
"Finalmente, serán los propios establecimientos educativos que deberán reformar los contenidos de sus asignaturas, o bien acogerse a aquellos señalados por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Todo lo anterior implicará una amplia participación de los profesionales de la educación, de las comunidades educativas y también de las instituciones de educación superior, que imparten las carreras de pedagogía", recalcó.
Para concluir, el abogado y experto en Derecho Constitucional de la Universidad Mayor manifestó que "el fortalecimiento de la Educación Cívica contribuye, en el mediano y largo plazo, a una renovación de la política en un triple sentido".
"Primero, ciudadanos mejor informados participan más en la política. Está comprobado que existe una relación directa entre la información y educación cívica, y la participación. Segundo, ciudadanos más informados están más interesados en presentarse a los cargos de elección popular, contribuyendo a renovar a los actores políticos. Tercero, ciudadanos más informados ejercen más control y accountability (rendición de cuentas) de las autoridades electas", precisó.
Por el momento, entonces, sólo queda esperar que desde el Gobierno se consolide el anuncio y se entreguen los detalles para su materialización.