Femicidios 2015 llegan a 34 y sólo en cinco había denuncias o medidas de protección

Femicidios 2015 llegan a 34 y sólo en cinco había denuncias o medidas de protección

Ayer murió degollada por su ex pareja una mujer que había acusado a su pareja de agresiones reiteradas. Evaluación de la ley constata que hay más de 130 mil denuncias en Carabineros, pero sólo 27 mil aprehendidos y que las medidas de protección son casi imposibles de fiscalizar, lo que vuelve ineficaz la legislación.

Claudia Del Solar
04.11.2015

La Ley de Violencia Intrafamiliar fue promulgada en  octubre de 2005 pero, a diez años de su puesta en marcha, en la población hay un bajo conocimiento de los diversos tipos de agresiones que la legislación describe.

De hecho, muchas mujeres no son conscientes de que son víctimas de violencia de sus parejas hasta que son convencidas de ello tras ser detectadas en el trabajo, los consultorios o el municipio. Tampoco conocen el procedimiento correcto para denunciar y muchas víctimas creen que es suficiente con una constancia.

Otras  temen que una sanción económica al agresor, que puede llegar a 15 UTM, unos 671 mil pesos, incremente la violencia y terminan retractándose. 

Todos estos obstáculos pueden haber provocado que, de los 34 femicidios acreditados hasta hoy en  2015, solo en cinco de ellos haya habido denuncias previas por hechos de violencia o medidas de protección para las que finalmente se convirtieron en víctimas, según datos del Sernam.

Cifras de Carabineros, sin embargo, contradicen que la ley no haya provocado un cambio cultural, aunque aparentemente solo cuando hay golpes de por medio y no otras formas de maltrato o cuando ésta afecta a otro miembro de la familia.

Los números correspondientes al 2014 señalan que ese año hubo 130 mil 545 denuncias por violencia intrafamiliar, pero solo 27 mil 311 personas resultaron aprehendidas como consecuencia.

Los vacíos de la ley

Ayer en la comuna de Maipú la denuncia previa por violencia intrafamiliar, en este caso por agresiones reiteradas, no fue suficiente para evitar que Eugenio Lezana degollara a su ex pareja, Marcela Acevedo, madre de un niño de 11 años. El hombre fue detenido en El Quisco, cuando intentaba lanzarse al mar.

Esta ineficacia es una de las principales conclusiones de la Unidad de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, que ha estudiado varias legislaciones de carácter social, como la de responsabilidad penal adolescente. Los análisis incluyen entrevistas a los organismos involucrados en la aplicación de las leyes y foros ciudadanos en Santiago y regiones. En casi todas las evaluaciones se concluye que los cuerpos legales requieren correcciones, no sólo porque el paso del tiempo ha generado nuevos desafíos, sino porque -pese a los años  transcurridos- los organismos encargados de la aplicación no han logrado enfrentar los problemas ni solos ni coordinadamente.  

En ese sentido, la percepción ciudadana, según se comprobó en los foros de Valparaíso y Valdivia -seleccionadas por el alto nivel de victimización por violencia intrafamiliar en mujeres presente en ambas regiones, 21,8% y 20%, respectivamente- mostró que la prohibición de acercamiento es considerada positiva, pero difícil de fiscalizar.

La ley también requiere modernizarse para incluir a las parejas homosexuales, pues calificar de esta forma la violencia entre ellas queda a discreción del juez, por lo que se propone incluirla expresamente.

Y hay hasta una crítica política: dado que el desarrollo del Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar es elaborado por el Sernam, su enfoque de género tiende a invisibilizar a los hombres, que también son un grupo vulnerable.

Los problemas en los servicios del Estado también puede afectar la eficacia de la ley. El Registro Civil, que hoy cumple 37 días en paro, debe llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, la que debe quedar plasmada en el papel de antecedentes.

Familia y terapia

Al Congreso le tomó 14 años debatir legislaciones con objetivos ambiciosos: prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y proteger a las víctimas. La primera iniciativa sobre la materia, presentada en 1991 por Adriana Muñoz y Sergio Aguiló (ambos entonces PS) fue un intento por resguardar a las mujeres e incluso a los niños. Desde el principio enfrentó resistencias. Algunos parlamentarios creían necesario poner énfasis en la mantención de la familia a cualquier costo; otros creían que ese costo podía ser la vida de la mujer o de los hijos y el gobierno citaba ejemplos donde el agresor, después de una terapia, no había vuelto a golpear a su pareja.

En 1999 un nuevo proyecto de Adriana Muñoz (ahora PPD) y su colega María Antonieta Saa intentó corregir los vacíos y deficiencias de la ley anterior, en vigencia desde 1994. A esas alturas, ya se había creado conciencia de los golpes sí eran motivo de denuncia a Carabineros, pero la antigua ley ponía un excesivo énfasis en el avenimiento, pues la conciliación era obligatoria: un 65 a 70 por ciento de las disputas terminaban en un avenimiento que era forzado e ineficaz.

En paralelo al debate de la ley, que fue promulgada en 2005, se crearon los tribunales de familia (2004) para tramitar estos casos. Hasta entonces, los jueces civiles consideraban que no era problema suyo, porque eran disputas domésticas que, probablemente, estarían mejor resueltas en los juzgados de Policía Local.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta violenta ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.


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