"Las defensas intentan construir una causal de justificación sobre un hecho. Y el hecho es uno: estaban incomunicados y/o los sistema de comunicación habían colapsado. Sin embargo hemos aportado antecedentes que dan cuenta que ese colapso o ese nivel de incomunicación no existió. Lo que ellos han esgrimido es el colapso total de las comunicaciones y para eso basta con revisar el registro de llamados". Fue la contundente intervención de la fiscal del Caso Tsunami, Solange Huerta, tras escuchar los argumentos expuestos por las defensas de los ocho ex funcionarios imputados por la respuesta de las autoridades tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
Además, intentó desacreditar el carácter personal que se le ha dado a la argumentación. "No se trata de que como nadie cumple yo no estoy obligado a cumplir. Eso parece entenderse de las distintas alegaciones que hemos escuchado en estos días. Lo que está en discusión son las obligaciones jurídicas de los imputados, no su calidad de personas", sostuvo Huerta. "Como nadie cumple con sus obligaciones nadie debe ser sancionado y eso en derecho penal no es aceptable", concluyó.
Tras unas intensas cuatro horas de debate, aún no se conoce la resolución del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago sobre la formalización a ocho ex funcionarios que tuvieron responsabilidad en los eventos del 27F.
La jornada comenzó a las 9 de la mañana y fue el turno de la defensa del sismólogo Carlos Aranda. Entre lo más destacado está lo que señala el abogado Humberto Montiglio: "A nuestro juicio no se han acompañado antecedentes que hagan presumir una cautela a mi representado". Junto a ello, insistió en desestimar lo que pide la fiscalía y dijo que "existe una desproporción en caso de imponerse una prisión preventiva".
Mientras en la audiencia la defensa de Aranda expuso entre los antecedentes que "el comité de emergencia contaba con muchísimos más antecedentes que mi representado y no se los entrega. Mi representado lo que hace es interpretar la información del Shoa, si hubiese contado con más antecedentes podría haber arribado a una conclusión más evidente".
Con esas declaraciones culminaban los alegatos de la defensa. Cabe recordar que ayer fue el turno del equipo del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y de la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández, para impedir que a sus representados les den prisión preventiva.
A la una de la tarde se decretó un receso de almuerzo para luego volver y establecer el plazo de resolución de las medidas cautelares. La fiscal Solange Huerta pide ocho meses de plazo para la investigación, mientras los defensores indican un plazo de entre seis y ocho.