Fiscalía formaliza a

Fiscalía formaliza a "falsa pobre" y "falsa damnificada"

Ambas mujeres habrían obtenido beneficios del Estado de forma fraudulenta.

Karla Gallardo
30.10.2012

Valezka Grollmus Avello, esposa de un empresario de Cañete, y Claudia Díaz Yáñez, ex funcionaria municipal de Negrete, fueron formalizadas por la Fiscalía por los delitos de fraude de subvención, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco.

Las mujeres habrían obtenidos diversos beneficios que entrega el Estado a personas en situación de pobreza y damnificados tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 que afectó a la zona centro-sur del país.

La cónyuge del empresario cañetino recibió del fisco, entre 2009 y 2011, un subsidio educacional de 870 mil pesos luego de proporcionar información falsa a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de dicha ciudad y obtener 2.454 puntos en la ficha de protección social, puntaje que obtiene el segmento socioeconómico más vulnerable del país.

Por este hecho Grollmus enfrenta cargos por fraude de subvención y el juez de Garantía de Cañete le aplicó medida cautelar de firma mensual.

Falsa damnificada

Claudia Díaz Yáñez se desempeñó como administradora de la Municipalidad de Negrete, instancia que aprovechó para conseguir un certificado de inhabitabilidad, el cual indicaba que debido al terremoto del 27-F su vivienda había resultado con severos daños de estructura y que, por lo tanto, no estaba apta para ser habitada.

Según explicó el fiscal Rodrigo Durán, “el mencionado documento es falso, porque a la fecha del terremoto de 2010, ni al 31 de mayo de ese mismo año, en el inmueble de la imputada, indicado en el certificado, no había ninguna vivienda construida”

Dicho certificado le permitió a Díaz Yáñez postular a un fondo del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el cual le financió la construcción de una vivienda con una suma total de 420 Unidades de Fomento (UF), o sea, cerca de 9 millones 600 mil pesos.

Con dichos antecedentes, la imputada quedó con firma quincenal y la prohibición de salir del país. El tribunal otorgó cuatro meses de plazo para que el organismo persecutor penal finalice la investigación.


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