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Gobierno ahonda pugna con jueces por polémica sentencia

El Ejecutivo presenta "queja disciplinaria" contra acuerdo en el juicio simplificado contra Luis Mariano Rendón y Osvaldo Tello por la toma del ex Congreso.

Elkjaer Lobos

Viernes 18 de octubre de 2013

El acuerdo que se llegó en el juicio simplificado por la toma del ex Congreso Nacional sigue generando controversia.

El Gobierno ha visto con malos ojos que el ambientalista Luis Mariano Rendón y el psicólogo Osvaldo Tello hayan podido suspender el procedimiento en su contra a cambio de hacer charlas en favor de la campaña "Marca tu voto por Asamblea Constituyente".

Ayer jueves fue la Asociación Regional Santiago de Magistrados quien salió en defensa de la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía. A través de una declaración pública, la entidad calificó de "descalificatorias" las "declaraciones mediáticas" emitidas desde el Gobierno y criticó que se presente una "queja disciplinaria" contra el dictamen.

Las quejas "resultan del todo desafortunadas e impertinentes y, en los hechos, constituyen una presión indebida a la función jurisdiccional de todos y cada uno de los jueces de la república y, en especial, de quienes deban eventualmente revisar la decisión en comento por la vía de algún recurso ordinario, único mecanismo legítimo para revertir o enmendar fallos o resoluciones judiciales. El uso de los mecanismos sancionatorios y disciplinarios, máxime cuando existen recursos ordinarios, no producen sino el efecto de lesionar la independencia judicial y amedrentar a los jueces, lesionando con ello el Estado de Derecho en perjuicio de todos los habitantes de la República", dice la declaración.

El comunicado de cuatro párrafos también se refiere al rol del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien es parte interviniente y querellante en la causa.

"No puede pasarse por alto que el Sr. Ministro del Interior es interviniente y querellante en la causa, de tal suerte que se trata de una parte que dispone de los recursos ordinarios que le franquea la ley para legítimamente impugnar la resolución que ha aprobado la suspensión condicional del procedimiento. Por lo mismo, y sobre todo teniendo en consideración la posición especialmente ventajosa en que se encuentra este querellante en particular dada su alta investidura, cabría esperar que sus argumentos y alegaciones se realizaran antes los tribunales competentes y en las instancias procesales correspondientes , y no a través de los medios de comunicación", destaca el texto.

Pero, lejos de tirar la toalla, el Gobierno decidió insistir en la queja. Este viernes presentará la acción en la Corte de Apelaciones de Santiago y un recurso de apelación ante el mencionado juzgado de garantía.

De acuerdo, al diario La Tercera, el Ejecutivo utilizará como argumento el artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, que impide que jueces se mezclen "en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, o efectuar cualquier actividad de la misma índole dentro del Poder Judicial".

Esto en relación al fallo del tribunal, que calificó como "completamente coherente" la campaña con "un proceso histórico que viene viviendo el país en el último tiempo" y sostuvo que "los hechos lamentables que ocurrieron el 11 de septiembre de 1973, y que dio lugar a la dictadura más cruel que ha enfrentado nuestra República, nunca más vuelvan a ocurrir y me parece que es el gesto que todos han hecho en esta audiencia".

De ser sancionado Cristián Sánchez Rivera, el juez que emitió el fallo, arriesga desde una amonestación que podría conllevar incluso la suspensión.

En el caso del fallo, el Gobierno alude que las condiciones no son adecuadas porque se respaldan ideas políticas y las medidas resueltas son "desproporcionadas e importan un beneficio para los imputados".

Los hechos que generaron la controversia ocurrieron el 20 de octubre de 2011, cuando en el salón Los Presidentes del ex Congreso sesionaba la subcomisión que debatía el presupuesto de Educación para el año 2012, antecedente esencial para las demandas estudiantiles.

De pronto, el grupo liderado por Rendón ingresó a la sala y comenzó a increpar a las autoridades presentes, especialmente al entonces ministro de Eduación, Felipe Bulnes, y a la senadora Ena Von Baer.

El secretario de Estado abandonó la sesión entre gritos y empujones, mientras que los cerca de 50 manifestantes optaron por quedarse en el interior y tomar la ex sede central del Poder Legislativo.

El entonces presidente del Senado, Guido Girardi, declinó autorizar la situación de desalojo, lo que provocó el enojo del Gobierno. Tras tensas horas, los manifestantes abandonaron el lugar y fueron detenidos por Carabineros.