Este martes el Gobierno se querelló por la seguidilla de falsos avisos de bomba que se han registrado en Santiago en los últimos días.
En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago la División Jurídica del Ministerio del Interior presentó cuatro recursos legales por el delito de "desórdenes públicos".
Las querellas corresponden a los avisos de bomba en las estaciones Trinidad y Vicente Valdés del Metro de Santiago, ocurridos el domingo 27 de julio, y a los que afectaron a la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y el Hospital Barros Luco, registrados el 28 de julio.
En los libelos se argumenta que, a pesar de no ser efectiva la presencia de un artefacto explosivo, "se turba gravemente la tranquilidad pública y genera el desvío injustificado de personal y recursos de Carabineros de Chile, situación inadmisible en el marco de un Estado Democrático de Derecho".
En la acción judicial también se solicita que se investigue si los falsos llamados tienen vinculación con la colocación de artefactos explosivos en la capital durante las últimas semanas.