Tras la polémica generada por la senadora y presidenta de la UDI, Jacuqeline von Rysselberghe, tras su visita al penal Punta Peuco y su opinión de que enfermos terminales en su interior no deben cumplir pena en el recinto, el Instituto de Derechos Humanos planteó en un informe que habla de una infraestructura "sustancialmente mejor a la de los demás penales del país".
Según el documento del INDH, al cual tuvo acceso El Desconcierto, los reclusos del centro penal por violaciones a los derechos humanos cuentan con dos médicos, una enfermera, cuatro paramédicos, un kinesiólogo, un dentista y un psicólogo.
El INDH detalló, además, que "a cada interno que ingresa a la Unidad, se le realiza una ficha de clasificación médica y un respectivo chequeo. Además, se lleva un registro de vacunación".
En cuanto a las instalaciones de salud, la entidad evaluó que "no se observaron restricciones al derecho a la salud, pudiéndose constatar que su situación es adecuada y, en todo caso, sustancialmente mejor a la de los demás penales del país". En el detalle, mencionó que el equipamiento y muebles están en "condiciones óptimas", con un box odontológico con equipo "aparentemente nuevo".
El mencionado instituto consideró válido el otorgar beneficios a los condenados, pero resaltó que esos beneficios deben cumplir con estándares y no pueden equivaler a procesos que favorecen a delincuentes comunes.
“El otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios requiere ser armónico con la obligación de los Estados en materia de sanción a responsables de crímenes de lesa humanidad, en el sentido que no pueden significar que se impongan penas ilusorias”, manifestó el documento, citado por El Desconcierto.
Finalmente, y en el contexto de esta situación, el INDH planteó que la presentación de beneficios a reclusos debiera "estar regulada por ley" y que “resulta necesario profundizar el debate y recoger la opinión de los familiares y víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.