El 22° Juzgado Civil de Santiago determinó condenar al Estado chileno, el que deberá pagar una indemnización a 74 familiares de víctimas del tsunami del 27 de febrero.
La cifra total que deberá pagar el Estado alcanza los $1.840.000.000 (mil ochocientos cuarenta millones de pesos) por 21 víctimas.
El juez Pedro García Muñoz estableció que los familiares recibirán entre $7.500.000 (siete millones quinientos mil pesos) y $30.000.000 (treinta millones de pesos) a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
El dictamen establece que la responsabilidad recae en la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Según establece el fallo en relación a la isla de Juan Fernández, la Onemi debió decretar Alerta Roja, lo que finalmente no hizo.
"A juicio de este sentenciador, no es efectivo que la información con la cual se disponía en ese minuto era precaria o confusa", indica el documento.
En segundo lugar el fallo indica que la responsabilidad también se genera en el hecho que no se comunicó a las autoridades locales, lo que recae principalmente en el Shoa.
En cuanto a la situación en Talcahuano y Tomé, el juez indicó: "Las víctimas podrían haber tomado los resguardos para intentar evitar su muerte si los entes mencionados hubiesen cumplido con las obligaciones que le impone la ley y los reglamentos".
En el caso de todas las zonas afectadas, el magistrado concluye que "de acuerdo al protocolo legal el SHOA debía dar aviso, entre otros, a las autoridades navales y marítimas de su alerta de tsunami, y que debido a la caída de los sistemas de comunicación de sus potenciales receptores (no del SHOA) no hubo culpa en no poder transmitir el mensaje".
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