La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, presentó una querella criminal por el delito de amenazas. La educadora de párvulos solicitó que se inicie una investigación y se sancione a los responsables que la hostigaron en dos ocasiones durante días recientes.
Según describe Pizarro en el escrito presentado ante la justicia, uno de los hechos ocurrió la tarde del pasado 21 de julio en la sede de la AFDD en calle Cumming (Santiago). Su relato indica que en la reja del inmueble apareció un papelógrafo con fuertes insultos en contra de su persona y su condición de líder de la agrupación. De igual modo, los improperios iban dirigidos hacia su fallecida madre, Sola Sierra, y a su padre, quien tiene la condición de detenido desaparecido.
"Asesina, terrorista, ladrona, depravada", son algunos de los descalificativos que contenía el mencionado papelógrafo. Tras dar aviso a Carabineros, Pizarro prestó declaración a los uniformados sobre lo sucedido.
La dirigenta agrega que la semana anterior a este episodio ocurrió algo similar, pero en aquella oportunidad el escenario fueron las puertas de las oficinas de Amnistía Internacional, ubicada en calle Huelén de Providencia.
En ambas ocasiones, los mensajes fueron acompañados de basura esparcida alrededor.
Para Pizarro, fueron los mismos autores quienes estuvieron detrás de ambas amenazas. En la querella, la dirigenta hace hincapié en que podría haber una "relación causal" entre sus sostenidas críticas frente a las libertades condicionales que han obtenido algunos condenados por crímenes contra la humanidad que están recluidos en Punta Peuco, y los actos de amenaza proferidos en su contra.
Ahondando en lo anterior, señala lo siguiente: "Una línea de investigación de estos hechos, debiera considerar como eventuales autores intelectuales del delito denunciado, a los condenados en Punta Peuco, que ven en nuestro discurso público de rechazo, un serio obstáculo a salvar, para lograr el otorgamiento de las futuras libertades que se solicitarán".
El escrito presentado apunta a que "las amenazas perseguirían inhibir nuestro actuar y silenciarnos, o al menos amedrentarnos, y los hechos que hoy denunciamos se suman a otras situaciones de amedrentamiento que hemos vivido últimamente, y que analizados en su conjunto, dan cuenta de una política sistemática implementada por quienes intentan acallar nuestra voz".
SOLICITUD DE PROTECCIÓN POLICIAL
Dadas estas situaciones, Pizarro realizó una solicitud en su querella respecto a disponer de "protección policial a objeto de resguardar debidamente mi vida e integridad personal, a ser cumplida por parte de funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), por el máximo de tiempo permitido por la ley".
Además pidió resguardo de la sede de la AFDD por parte de personal de la PDI.
Por último, requirió que se oficie al Alcaide del Penal Punta Peuco para que informe si en las últimas semanas los condenados allí recluidos han dado cumplimiento al Reglamento Carcelario, en cuanto a si se han decomisado teléfonos celulares a los internos, tal como ocurrió hace algún tiempo con el condenado ex agente de la CNI, Alvaro Corbalán.
Como abogado patrocinante, Pizarro tomó los servicios del jurista Carlos Margotta Trincado.