Natalia Guerra Jequier cometió uno de los crímenes más deleznables de la historia policial chilena: entregar a su hijo para que fuese sacrificado y, según lo confesó, evitar así el fin del mundo.
En abril de 2003 se comenzaba a conocer la cruel historia de Jesús Castillo Guerra, un bebé que había nacido el 21 de noviembre en la Clínica Reñaca, pero que dos días después sus padres, integrantes de una secta, lo llevaron hasta el fundo Los Culenes en Colliguay.
Ahí fue amarrado a un trozo de madera. Lo que vino después fue más crueldad. El cuestionable y absurdo actuar fue ejecutado por un grupo de hombres y mujeres mayores de edad, cegados por la idolatría a un supuesto líder espiritual.
La decisión la tomó el progenitor del bebé, Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la luz. Era el líder de la secta que tenía como objetivo, según consta en el expediente judicial, vivir en comunidad, consumir drogas y someterse a supuestos rituales de sanación.
No hubo oposición de nadie, ni siquiera de su propia madre, quien hoy está a punto de cumplir los 32 años. En ese entonces justificaba su crimen explicando que "todos sabían que mi hijo tenía que ser asesinado por Castillo y que debía ser así. Él era Dios".
El sacrificio tenía como objetivo ser salvados del supuesto fin del mundo que ocurriría el 21 de diciembre de 2012.
Algunos de los integrantes de la secta decidieron alejarse de la agrupación, hasta que un mail anónimo llegó a la Policía de Investigaciones (PDI), informando de un ilícito, que permitió en definitiva descubrir el macabro crimen. Así comenzó a desmoronarse Antares de la luz.
Ramón Castillo logró huir a Perú y al verse acorralado por la policía se quitó la vida el 1 de mayo de 2013.
Mientras tanto en Chile, sus seguidores comenzaban a enfrentar a la policía, entre ellos la mano derecha de Antares, el mueblista Pablo Undurraga Atria.
En marzo de 2017, siete de los integrantes de la secta de Colliguay enfrentaron a la justicia en un juicio abreviado. Seis de ellos por el delito de homicidio calificado, mientras que Natalia Guerra por parricidio.
Cuando fue detenida su abogado intentó detener la condena acusando que la habían drogado. Pero la justicia fue categórica y la condenó a cinco años.
El fiscal del caso, Juan Emilio Gatica, explicó que "actualmente se encuentra rebelde del cumplimiento de la condena. Despacharon por parte del Juzgado de Garantía de Quilpué las órdenes de detención respectivas, las cuales no han tenido éxito y no ha sido ubicada esta mujer".
La policía ha vigilado cada uno de los domicilios que Natalia registró en su momento, así como también el de sus familiares, pero hasta el día de hoy no hay resultados positivos.
Este 24 de abril se cumplirá un año desde que existe una orden nacional de captura para la mujer. Cuando fue condenada, ella permanecía con arresto domiciliario en una parcela de Pirque, pero una vez que la Corte confirmó el dictamen del Juzgado de Garantía de Quilpué, ella desapareció. Su familia informó que había viajado al sur con la intensión de evadir a la justicia, algo que hasta ahora ha conseguido.