El Gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables del intento de atropello del Seremi de Transportes, Matías Salazar. Esto durante el bloqueo del aeropuerto que realizó un grupo de taxistas en protesta contra de las aplicaciones Uber y Cabify.
En conversación con canal 24 Horas, la ministra de Transportes, Paola Tapia, ratificó el hecho asegurando que "efectivamente, nuestro Seremi metropolitano ha recibido algunas amenazas en torno a cuál ha sido el rol que ha desempeñado en este tema. Condenamos este tipo de situaciones, este tema debe ser puesto a disposición de la justicia".
La secretaria de Estado emplazó a los taxistas asegurando que "nuestro llamado siempre ha sido al diálogo, el proyecto lo hemos discutido en el Congreso Nacional. Los mismos taxistas nos han pedido el carácter de suma urgencia, y nosotros hemos cumplido los compromisos". De igual forma, destacó la importancia de "regular estas plataformas para que los usuarios tengan más alternativas".
También quiso recalcar que quienes cometieron estos actos "son un grupo específico (..) Nosotros estamos por el diálogo y la conversación formalmente. Está toda nuestra disposición, no hemos estigmatizado a ningún grupo".
EVASIÓN AUMENTA PERO MULTAS IMPAGAS BAJAN
La jefa de cartera también analizó las últimas cifras relacionadas a la evasión en el Transantiago, donde se constata que, si bien han aumentado los índices de personas que evaden el pago, ha habido también un descenso en la cantidad de multas impagas hasta un 68%.
"Hoy nuestra labor está centrada en la fiscalización, pero también en buscar otros mecanismos para reducir la evasión", enfatizó la ministra, detallando que gracias a la "suma de esfuerzos" entre el Ejecutivo y las empresas las cifras en esta materia bajaron de 34,6% en diciembre de 2016 a un 30,3%.
En cuanto al cuestionado Registro de evasores del Transantiago, la ministra Tapia quiso aclarar de manera clara que en este caso "no hay Dicom del Transantiago, no nos confundamos". Para explicar esta afirmación, sostuvo que "nosotros como Ejecutivo analizamos el tema y el registro no puede ser usado para fines laborales ni comerciales. Podrá ser consultado por una persona, y la consulta debe ser notificada solo al infractor".