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Ministro Carroza investigará 30 mil casos de torturas en dictadura tras petición de Gobierno de Bachelet

La denuncia se hizo a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien además acusó al ex ministro Jaime Campos de negarse a firmar un decreto para crear una comisión permanente que revisara los testimonios.

24Horas.cl TVN

© Agencia Uno

Viernes 23 de marzo de 2018

El diario español El País reveló que, en su último día de administración, el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, a través de la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fries, hizo una petición a la justicia para que se investiguen 30 mil casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisión Valech, a la cual accedió el ministro en visita para casos de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza.

Según se detalla en el reportaje, ahora deberá ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos el organismo que resuelva si se mantendrá el secreto de los testimonios. Es decir, el magistrado Carroza tendrá que pedir la información a dicho ente, el cual decidirá si los entregará totalmente, solo los nombres de las víctimas o si tomarán una definición caso a caso.

La propia Lorena Fries confirmó al medio español que desde el Gobierno de la ex mandataria "me autorizaron" a presentar la acción. Además, explicó que el requerimiento fue presentado al finalizar el gobierno de Bachelet "porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura".

La ex subsecretaria añade una acusación en contra del ex ministro de Justicia, Jaime Campos, señalando que se negó a firmar el decreto que buscaba otra iniciativa como la generación de una comisión permanente al alero del Ministerio de Justicia que tuviera entre sus funciones revisar los testimonios rechazados por la Comisión Valech 2.

"Esto estaba listo para noviembre. En diciembre señaló que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reunión con los expresos políticos el 29 de enero donde se cerró la mesa de negociación y se acordó que se iba a avanzar, que no había razones para no firmarse el decreto. Aun así, no se firmó. Y quien tenía que firmar era Campos", aseveró.

Por último, manifestó que "ante el cambio de Gobierno, me pareció que podía entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura".