El pasado 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet, anunció en su Cuenta Pública la implementación progresiva para el 60% de los estudiantes más vulnerables que asistan a centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores (CRUCH).

La polémica se desató luego que entidades privadas de educación consideraran injusta la medida, pues el porcentaje de alumnos vulnerables que asiste a estos establecimientos es un universo mayor al de los reconocidos por el CRUCH.

Así lo señaló el rector de INACAP, Gonzalo Vargas, pues a su juicio, el criterio de distribución presenta problemas, ya que "sólo privilegiaría a algunos estudiantes del consejo de rectores y algunos estudiantes de centros de formación técnica, cubriendo menos de un tercio de los estudiantes del 60% más vulnerable y eso lo consideramos injusto".

Asimismo, Vargas señaló que no se ha señalado el diseño que se implementará para llevar a cabo la medida anunciada por el Gobierno, en particular, para el año 2017.

En ese sentido, el rector de INACAP indicó que "es muy complejo para las instituciones poder planificar y hacer inversiones de cara al 2017 (...) y aunque entendemos que hay un proceso gradual de instalación de la gratuidad, podría ser de manera más equitativa".

Esto, porque "creemos que dos estudiantes que estén en la misma situación de vulnerabilidad deberían tener el mismo trato ante el Estado", indicó Vargas. En definitiva, lo calificó como una "discriminación arbitraria".

En medio de estas críticas, el rector de INACAP, entregó un comunicado donde lamentó que los alumnos de la institución no perciban el beneficio anunciado por la Mandataria.

Foto: TVN