La ministra de Justicia, Patricia Pérez y su par de Vivienda, Rodrigo Pérez, firmaron un convenio que les permitirá a los reos de las cárceles de la región de Atacama, poder trabajar y recibir remuneraciones para aportar al ingreso familiar.
Según las autoridades, la medida va a favorecer a 75 personas actualmente privadas de libertad, quienes podrán capacitarse y ser contratados por empresas constructoras que presten servicios para el Estado.
Esta experiencia, inédita en Chile como política de Gobierno, podría extenderse al resto del país. Un antecedente a considerar, es tras el terremoto de febrero de 2010 y las labores de reconstrucción que se llevaron a cabo en la región de O'Higgins con ayuda de internos.
"Los internos son personas que cometieron errores pero que merecen una segunda oportunidad. Vamos a hacer un convenido con el Ministerio de Justicia para extender este programa para todo el país donde se requiera mano de obra", anticipó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez.
En tanto, la titular de Justicia dio cuenta de 15 mil personas privadas de libertad que realizan algún tipo de trabajo. La idea, según ella, es profundizar la profesionalización de los reos al interior de los recintos penales.
"Esta es una alianza innovadora que permitirá que un número importante de internos no solamente aprenda un oficio, sino que además, se conviertan en personas con mayor compromiso social, que trabajarán en obras que beneficiarán a la comunidad", estimó la secretaria de Estado.
Gendarmería estará encargada de la supervisión de los reos trabajadores y quienes podrán acceder a este convenio serán los reos con salidas controladas al medio libre, salida dominical, libertad vigilada, libertad intensiva, reclusión parcial y remisión condicional.