La Confederación Nacional del Transporte de Carga entregó en La Moneda el petitorio con que espera resolver los problemas que provocaron su manifestación.
En la reunión celebrada con el ministro del Interior, Jorge Burgos, expresaron su deseo de resolver los problemas de violencia que dicen ser objeto en La Araucanía.
Revisa a continuación el documento completo
S.E. Presidenta de la República
Sra. Michelle Bachelet Jeria
Presente
La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC-Chile), máximo referente de los transportistas de carga del país, demandamos del Gobierno de Chile que ejecute en forma urgente las acciones necesarias para resolver la deplorable situación de violencia e inseguridad que afecta a la gran mayoría de las regiones de nuestro país, especialmente los graves actos terroristas que afligen a las regiones del sur de Chile.
Con pesar, vemos que un clima de violencia extrema se adueña de la sociedad, haciendo imposible desarrollar nuestro trabajo en las condiciones de orden, seguridad y justicia que la Constitución Política asegura a todos los chilenos.
Por lo mismo, demandamos que el Gobierno cumpla su rol y asegure el cumplimiento del Estado de Derecho, y permita que los habitantes de nuestro país puedan de una vez por todas ejercer su justo derecho a trabajar y vivir en paz.
En medio de este negativo contexto, los camioneros de Chile, con el decidido apoyo de la Multigremial Nacional de Emprendedores y millones de ciudadanos, venimos a solicitar a S.E. la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, que se comprometa a aplicar las medidas que a continuación se detallan:
1. Impulsar un gran acuerdo nacional entre el Estado de Chile, el mundo político y la sociedad civil para transparentar la situación de violencia, inseguridad e impunidad que viven diversas regiones del país trabajando en conjunto para erradicar esta problemática. Solicitamos dar suma urgencia a todos los proyectos de ley que propendan a proteger a la ciudadanía y arrestar en un plazo de 60 días a todos los responsables de actos de violencia ocurridos con un plazo de 5 años de antigüedad. Aplicar penas ejemplificadoras para quienes asalten, roben y quemen camiones.
2. Corregir y mejorar el Código Procesal Penal, para que el sistema cautele no sólo los derechos de los delincuentes, sino que principalmente los derechos de las víctimas indefensas. Los chilenos hemos sufrido un sistema penal que protege y da garantías a los delincuentes y no a los ciudadanos trabajadores pacíficos, que son víctimas de la delincuencia. Debe volver la cordura al sistema penal.
3. Mejorar el sistema y alcances de la Inteligencia policial en la prevención de delitos. Que el Ejecutivo y el Ministerio del Interior establezca un Sistema de Inteligencia Nacional dotada con la última tecnología e infraestructura, con mayor capacidad operativa y atribuciones, de tal manera que sea capaz de adelantarse a los atentados logrando desarticular a las agrupaciones que están detrás de ellos. Esperamos mayor coordinación entre los distintos sistemas de inteligencia del país. Consideramos que se debe permitir la detención por sospecha y control preventivo de las policías de manera de anticiparse a la comisión de delitos.
4. Mayor respaldo político y de recursos a Carabineros de Chile. El Ejecutivo debe presentar e impulsar un proyecto de ley que entregue mayores recursos y atribuciones a Carabineros, a fin de que sea efectiva su participación en la prevención y reacción ante los delitos. El Ejecutivo y el Gobierno deben resguardar y hacer cumplir el Estado de Derecho en todo el país y especialmente en el sur de Chile.
5. Que el Ejecutivo presente proyectos de ley que fortalezcan el accionar de las Fiscalías y minimicen la falta de sanciones y penas efectivas por parte del sector judicial. Gran cantidad de denuncias y querellas no llegan a condena, los procesos se extienden indefinidamente, algunos juicios se anulan y se deja en libertad a los autores. Así, los grupos organizados actúan en completa impunidad, sabiendo que sus delitos no serán perseguidos ni condenados. Esto permitirá acabar con el sentimiento ciudadano de abandono por parte de la justicia.
6. Efectivo y eficiente apoyo a las víctimas. El Estado en su calidad de garante y protector no está considerando a las víctimas que sufren múltiples vulneraciones de índole patrimonial, social y emocional. El Ejecutivo debe, irrestrictamente y sin distingo de ningún tipo, mandatar la protección y atención de víctimas de delincuencia común como de índole político ideológica, desde las organizaciones públicas como del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
7. Buscar medidas alternativas a la compra de tierras, consultando a las comunidades. La persistencia en la política de compra de tierras para comunidades indígenas ha sido uno de los principales, si no el principal, incentivo a la violencia y estímulo para que la mayoría pacífica se vaya sumando a la estrategia de la violencia. Por lo tanto, solicitamos generar desde el Ejecutivo un acuerdo nacional transversal, de una política de Estado eficiente hacia los pueblos originarios.
Foto: Agencia Uno