El Registro Civil, el Ministerio de Educación y la Superintedencia de Educación recibieron antecedentes sobre 23 personas que, luego de un cruce masivo de datos de asistentes y docentes de colegios municipales y subvencionados con el Registro de Inhabilidades, presentaban alguna incapacidad para trabajar con menores de edad.
De esta labor, se estableció que 11 personas ya estaban fuera del sistema escolar y para los 12 casos restantes, se realizó una fiscalización en terreno por parte de la Superintendencia de Educación, proceso que detectó que todos ejercieron funciones en 2012 y que 7 estaban incluso con contrato vigente para el período escolar 2013. De estos, cinco son asistentes y dos son docentes.
Se fiscalizaron 16 colegios de siete regiones, Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana, pues algunos hacían clases en más de un establecimiento.
"La superintendencia le pidió a esos establecimientos que cesaran a esas personas de su cargos y hemos traído los antecedentes para que la fiscalía proceda, porque en estos casos puede haber eventualmente un delito y puede significar que esas personas reciban una sanción adicional", indicó el ministro de Educación, Harald Beyer.
Los antecedentes fueron puestos a disposición del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien indicó lo positivo de revisar periódicamente este registro a modo de que el sistema reaccione de manera más oportuna para evitar la comisión de nuevos ilícitos y sancionar debidamente el quebrantamiento de la norma.
"Se trata de cumplir una ley que busca alejar a la gente condenada por este tipo de delitos de las labores educativas y de los niños. Vamos a hacer un breve estudio y se lo enviaremos a las fiscalías regionales que correspondan. Pero además, hemos ordenado un procedimiento expedito con la superintendencia y el ministerio de Educación para que ellos hagan un cruce de datos periódicamente y se nos envíen los datos", aseguró el fiscal nacional.