Altos índices de violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes chilenos reveló el 4° Estudio de Maltrato Infantil realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
De acuerdo al organismo internacional, el 71% recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o madre y sólo un 29% no es víctima de maltrato en su hogar. Además, un 25,9% de los niños, niñas y adolescentes recibe violencia física grave, un 25,6% violencia física leve y un 19,5% violencia sicológica.
La Encargada del Área de Protección de Derechos y coordinadora del estudio, Soledad Larraín, dijo que el estudio confirma que el maltrato es la principal vulneración de derechos que afecta a los niños, niñas y adolescentes de Chile. "Se trata de una realidad transversal que afecta a todos los sectores sociales de manera similar", explicó la especialista.
Sin embargo, reconoció que en estos últimos 18 años ha habido algunos cambios relevantes, ya que desde 1994, año en que Unicef hizo el primer estudio sobre maltrato infantil, a la fecha, ha aumentado el porcentaje de niños y niñas que no viven violencia y ha disminuido la violencia física grave.
"Esto nos demuestra que la violencia hacia los niños es una conducta evitable y modificable. Durante estos años se han realizado numerosas iniciativas que han permitido demostrar que es posible educar a los niños y niñas y relacionarse con ellos sin necesidad de usar la violencia", reveló la encargada del área.
Entre 1994 y 2012 el porcentaje de niños y niñas que viven sin violencia ha aumentado de 22,5% a 29% ; y el de aquellos que sufren maltrato físico grave ha bajado de 34,2% en 1994 a 25,9% en 2012.
Según el estudio, los niños y niñas que sufren algún tipo de violencia tienen mayores porcentajes de padres que pelean hasta golpearse y que en aquellos que sufren violencia grave el porcentaje de padres que agreden alcanza el 29,8%, cifra seis veces superior al 5% de los niños y niñas que no viven violencia.
Asimismo, establece que la violencia psicológica y física grave es mayor en los establecimientos particulares subvencionados que en los municipales; y que los niveles de violencia física, especialmente leve, son menores en los establecimientos particulares pagados.