La noticia sacudió a Brasil este jueves: diez personas fueron arrestadas en el país por presuntos vínculos con un grupo militante islámico y por tener planes para realizar ataques “terroristas” antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
El ministro brasileño de Justicia, Alexandre de Moraes, brindó algunos datos de la operación en conferencia de prensa, como que los detenidos se comunicaban entre sí usando servicios de mensajería móvil y que uno de ellos intentó comprar un arma en Paraguay.
También señaló que los sospechosos simpatizan con la organización extremista autodenominada Estado Islámico (EI), mientras la policía indicó que pertenecían a un grupo virtual llamado Defensores de la Sharia.
Todo esto generó alarma, no sólo por la proximidad de los Juegos Olímpicos que comienzan en dos semanas, sino por las recientes masacres en Europa y Estados Unidos que se adjudicó EI, aunque su grado de implicación es incierto.
Además, es la primera vez que las autoridades brasileñas informan de arrestos por presunta afinidad con EI, lo que podría marcar un hito en América Latina, que hasta ahora se consideraba relativamente lejos de la amenaza de ese grupo.
Las detenciones en Brasil suponen un llamado de atención “para Latinoamérica y más allá”, sostuvo Marco Vicenzino, director de Global Strategy Project, una consultora internacional de riesgo geopolítico.
“Un lobo solitario puede hacer un amplio daño: Orlando (y) Francia son pruebas de eso; también puede ser probable en algunas partes de América Latina”, indicó en diálogo con BBC Mundo.
Sin embargo, aún hay varias preguntas abiertas e incluso algunas contradicciones entre las autoridades respecto a los arrestos en Brasil.
LO QUE SE SABE
Las autoridades indicaron que todos los detenidos son brasileños capturados en 10 estados del país, incluido Río, que aguarda a cientos de miles de atletas, turistas y gobernantes del exterior de cara a los Juegos Olímpicos que se inauguran el 5 de agosto.
El juez de la causa, Marcos Josegrei da Silva, dijo que los arrestados tenían entre 20 y 40 años de edad, y usaban falsos nombres árabes para comunicarse. Dos sospechosos ya habían sido condenados por homicidio.
Hubo otros dos mandatos de prisión que siguen sin cumplirse y continúan las investigaciones de la división antiterrorismo de la Policía Federal brasileña, que trabaja junto con la agencia de inteligencia local ABIN y servicios de inteligencia de otros países.
El ministro Moraes afirmó que los sospechosos pasaron "de aquello que es casi una apología del terrorismo a actos preparatorios" de ataques, que incluían llamados a entrenamiento en artes marciales e intentos de compras de armamento.
En particular indicó que uno de los detenidos contactó a un sitio en internet “de armas clandestinas en Paraguay, solicitando la compra de un fusil AK-47 para la realización de una operación”.
“La simple comunicación y después la información circulando entre ellos de que se estaba pretendiendo comprar ese fusil, obviamente también es un acto preparatorio que debe ser inmediatamente combatido”, afirmó.
Según Moraes, los sospechosos se comunicaban por servicios de mensajería instantánea móvil como Telegram y WhatsApp.
Respecto al supuesto apoyo a Estado Islámico, sostuvo que algunos de los sospechosos realizaron un juramento de lealtad al grupo, a través de una herramienta disponible en internet, a partir del cual “la persona pasa a creer que es parte” de la organización.
También sostuvo que habían conmemorado recientes acciones de EI en otros países y que uno de los detenidos intentó viajar al exterior para entrar en contacto con ese grupo, aunque no lo hizo por falta de dinero.
Los sospechosos no fueron señalados como miembros de EI, pero el ministro y el juez indicaron que veían los Juegos Olímpicos como una oportunidad para ataques del grupo extremista.
Estos arrestos ocurren después que una organización que vigila movimientos de extremistas en internet advirtiera que un grupo autodenominado Ansar al-Khilafah Brasil declaró lealtad al líder de EI.
LAS DUDAS
Una de las dudas básicas que las autoridades aún no han aclarado qué querían hacer exactamente los sospechosos.
El propio juez Silva indicó que “no todo lo que una persona preconiza en el medio virtual necesariamente va a realizarlo en el mundo real”.
No obstante, explicó que los arrestos temporarios, realizados en base a una ley antiterrorismo recientemente aprobada, buscan obtener elementos que permitan confirmar las sospechas.
La pregunta sobre lo que planeaban está inevitablemente relacionada con las dudas acerca del grado de organización que tenían los detenidos, o mejor dicho, su falta de estructura.
“Es una célula amateur sin ninguna preparación”, admitió Moraes. También negó que hubiera contactos individuales entre los sospechosos, más allá de las redes sociales.
Y aunque el ministro habló de un supuesto líder del grupo en el estado de Paraná, el juez Silva, que actúa precisamente en ese estado, lo contradijo: “Es difícil hablar de liderazgo ya que todos los contactos se daban de manera virtual”, afirmó.
Según medios brasileños, el presunto líder al que aludió el gobierno es un operador de telemarketing de 21 años.
Otra aparente diferencia entre Moraes y Silva fue respecto a la forma de referirse a los sospechosos.
El ministro los llamó “supuestos terroristas”, pero el juez sostuvo que “no se puede decir que esas personas son terroristas”.
Por otro lado, existen dudas sobre la preocupación que tiene el gobierno acerca de la amenaza de un ataque durante los Juegos Olímpicos.
El propio Moraes había dicho tan solo dos días antes al diario Folha de S.Paulo que “la criminalidad preocupa más que el terrorismo”, una idea que reiteró este jueves.
También ha señalado que las agencias de inteligencia locales e internacionales colocan en el “nivel más bajo” la probabilidad de un atentado.
Otra interrogante es si los investigadores accedieron a las comunicaciones de los detenidos por WhatsApp y Telegram, ya que el ministro Moraes señaló las mismas como un elemento de sospecha sin aclarar cómo lo sabía.
En Brasil el servicio de WhatsApp ha sido suspendido en diversas ocasiones por jueces que argumentaban que se niega a colaborar con investigaciones criminales en curso, la última de ellas el martes.
La propia empresa argumenta que carece de acceso a los mensajes entre sus clientes, ya que son encriptados.
Todo esto ha llevado a algunos analistas a cuestionar la firmeza de los arrestos realizados por Brasil.
Pero Marco Vicenzino aseguró que “las autoridades brasileñas no tienen experiencia con esto, por lo que reaccionar de más es mejor que reaccionar de menos”.
“Cuando lidias con un problema e ideología de esta magnitud, no hay diferencia entre amateur o profesional”, dijo a BBC Mundo, “porque todo suele comenzar en una etapa amateur y si no es captado temprano se vuelve profesional”.