"Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos (sic) lamentando su muerte".
Con ese argumento jurídico la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la capital de Colombia, responsabilizó a la propia víctima de su trágico destino, del brutal crimen que hizo marchar a miles de colombianos y que cuatro años después sigue anclado en la memoria colectiva.
Lo que la entidad gubernamental afirmaba con ese razonamiento es que si la colombiana de 35 años no hubiera tomado esa decisión el 23 de mayo de 2012, su compañero de estudios Javier Velasco no la habría conducido a una zona oscura del Parque Nacional de Bogotá, ni la habría violado, torturado y empalado .
Y como consecuencia, no habría muerto en el hospital cuatro días después, con las entrañas desgarradas por la rama que utilizó para violarla.
"Todos sabían que (Javier Velasco y Mauricio Ariza, el primero condenado a 48 años de cárcel por el crimen y el segundo exculpado) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos", se lee en el documento firmado por la abogada Luz Stella Boada y sacado a la luz por el diario colombianoEl Espectador .
"No obstante lo anterior, Rosa Elvira Cely salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos...".
En respuesta a demanda por negligencia
La Secretaría de Gobierno de Bogotá pretendía responder con esos argumentos a la demanda por negligencia presentada por la familia de la víctima.
La familia de Cely interpuso el recurso el 22 de agosto de 2014.
Con él buscaba que se condenara a la Policía, a la Fiscalía y a las secretarías de Gobierno y de Salud de la capital por no haber actuado debidamente para evitar el homicidio de la mujer, estudiante de bachillerato y vendedora de dulces.
Y es que son varios los detalles del caso que ponen en tela de juicio el actuar de las autoridades: el tiempo que tardaron los servicios de emergencia— alertados por una llamada de la misma Cely— en encontrarla, y la decisión de no trasladarla al hospital más cercano, entre otros.
Pero lo que terminaría generando una ola de indignación entre la ciudadanía es que Velasco ya había sido condenado una vez por la muerte de otra mujer,Dismila Ochoa. Ocurrió en 2002, diez años antes de que se ensañara con Cely.
"El horroroso crimen cometido contra Rosa Elvira es el resumen de los múltiples crímenes que se comenten en este país contra las mujeres", señaló en su momento a BBC Mundo la directora de la ONG Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez.
Aquél año terminaría con casi 1.000 mujeres asesinadas en Colombia, según el Instituto de Medicina Legal.
"El crimen tiene que abrir en este país una discusión muy seria sobre si la sociedad colombiana está interesada en proteger la vida de las mujeres, a considerarlas sujetos de derecho", añadió.
Rechazo y respuesta
Pero nada puede estar más alejado de ese reivindicación que el argumento esgrimido por la Secretaría de Gobierno capitalina en respuesta a la demanda familiar: que fue la propia víctima la que "puso en riesgo su integridad y su vida", tal como se puede leer en el documento legal.
Por ello, varios sectores no tardaron en reaccionar y en expresar su rechazo.
"Además de crueles, esas palabras muestran una clara ignorancia sobre lo que significa el estado de indefensión de una persona", manifestó Ángela Robledo, la Representante a la Cámara por Bogotá.
La política del Partido Verde fue quien impulsó en el Congreso la ley contra el feminicidio, llamada Ley Rosa Elvira Cely en memoria de la víctima y aprobada en junio de 2015.
Asimismo, el jurista y defensor de los derechos humanos César Rodríguez Garavito afirmó que desde el punto de vista jurídico la respuesta de la Secretaría "no tiene ni pies ni cabeza".
"Afirmar que una mujer que sale con hombres y termina violada o asesinada tiene la culpa de lo que le ocurrió es la perspectiva más troglodita del abuso sexual", sentenció.
El propio alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se mostró también indignadocon el argumento del ente gubernamental capitalino y pidió que fuera revisado y rectificado.
"No compartimos concepto de oficina jurídica de Secretaría de Gobierno. Solidaridad con Rosa Elvira Cely y sus familiares", escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Así que ante el revuelo causado el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, tuvo que salir al paso de las críticas y pedir disculpas a la familia la de víctima.
"En nombre del distrito pedimos disculpas por el tipo de argumento que ha usado la Secretaría de Gobierno en este caso", dijo en conferencia de prensa.
"Pedimos disculpas a las mujeres y nuestra intención no es revictimizarlas", explicó.
"Hemos dado la instrucción para que se rectifique y se retire este argumento. Que el señor juez no lo tenga en cuenta en la defensa de la administración".
A lo que añadió que la directora de la oficina jurídica de la Secretaría de Gobierno, la abogada Nayibe Carrasco, había renunciado.